Profepa clausura tres verificentros en Puebla por incumplir norma
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los centros de verificación clausurados en Puebla: La unidad 2106, ubicada en la colonia Bellavista y la 2111 de San Pedro Cholula
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendió 52 líneas de medición de emisiones en 14 de 17 verificentros inspeccionados durante la primera jornada de revisión de cumplimiento de la NOM-167 emergente, en los seis estados que comprenden la Megalópolis.
En un boletín de prensa enviado este viernes, la dependencia federal confirmó que dos verificentros fueron clausurados en Puebla, con un total de ocho líneas; dos más en Tlaxcala, el mismo número en Hidalgo y el Estado de México, además de cuatro en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
En sus redes sociales, Profepa compartió imágenes de los centros de verificación clausurados en Puebla: La unidad 2106, ubicada en la colonia Bellavista y la unidad 2111 de San Pedro Cholula.
Uno más este sábado
En el segundo día de aplicación de la norma emergente, Profepa suspendió 35 líneas de medición de emisiones en 7 de 11 verificentros inspeccionados. Estas clausuras se suman a las del viernes, para alcanzar un total de 87 líneas de medición clausuradas en 21 verificentros, de los 28 que la PROFEPA ha inspeccionado durante los primeros dos días de julio.
Usuarios de redes sociales compartieron el cierre del centro ubicado en la Calzada Zaragoza, donde las líneas de verificación presentan los sellos de clausura.
Procedimiento
En su boletín, la Profepa destaca que una vez realizado el trabajo técnico de los supervisores en los verificentros, se levanta un acta de inspección que se firma, se entrega copia al responsable del verificentro y se prepara el inicio de un procedimiento administrativo mediante un emplazamiento. De encontrarse irregularidades graves, como fue el caso, se procede a la clausura de las líneas de medición de emisiones.
El procedimiento administrativo garantiza el derecho de audiencia y plazos para presentar pruebas. Asimismo, puede establecer medidas correctivas y plazos para su cumplimiento. Una vez resuelto puede imponer sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad.
Las medidas de seguridad impuestas no se levantarán hasta en tanto no se dé cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas por la autoridad. De presentarse reiteradamente irregularidades graves o no cumplirse las medidas ordenadas por la autoridad federal podrá solicitarse a las autoridades locales la suspensión o cancelación de las concesiones o autorizaciones otorgadas, independientemente de los procesos penales que puedan derivarse.
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