SRE paga 56 mdp anuales en la defensa de condenados a muerte
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Relaciones Exteriores mantiene un contrato con una firma en Arizona que debe evitar que connacionales reciban la pena capital, pero que también capacita a personal diplomático en “estrategias legales” en casos de pena de muerte
Animal Político informa que el caso de Edgar Tamayo es solo uno de los 141 por los que la Cancillería pagará 56 millones 638 mil 711 pesos a una firma de abogados con sede en Arizona para dirigir el Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital, con el que pretende apoyar a mexicanos encarcelados en Estados Unidos.
En junio del año pasado, el abogado Gregory J. Kuykendall firmó un contrato con Ricardo Pineda Albarrán, cónsul de México en Tucson, Arizona, que expira en mayo próximo, con el objetivo de “implementar esfuerzos adicionales para evitar la imposición de la pena de muerte a ciudadanos mexicanos”.
También para dar seguimiento al caso Avena, el de los connacionales —entre los que se encuentra Tamayo— incluidos en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2004 contra Estados Unidos, en el que se ordenó someter a revisión judicial las condenas emitidas para determinar si en éstas influyó la falta de asistencia consular.
Entre las responsabilidades de la firma contratada por el gobierno mexicano está preparar propuestas legales, incluyendo mociones para litigar cuestiones del derecho internacional, y presentarlas ante tribunales de Estados Unidos e internacionales para ayudar en la defensa jurídica de los mexicanos que se enfrentan a la pena capital.