Relevo natural en la BUAP
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Con todo y los arrebatos personales de Marco Mazantle Rojas y la indefinición de Guillermo Nares, la sucesión en la BUAP marcha en absoluta calma.
La máxima casa de estudio transita por el camino del diálogo y debate de los universitarios, porque es a ellos y a nadie más a los que les corresponde definir el futuro de la BUAP.
La semana pasada le adelantaba que serían tres los universitarios que buscarían la Rectoría: Alfonso Esparza, Daniel Alcántara y Antonio Robledo. Y así será, los tres buscarán su registro para contender en la elección del próximo 11 de septiembre.
Mientras tanto el grupo agüerista prepara su propia salida y se cocina en la oficina del rector Alfonso Esparza el nuevo esquema de trabajo, el nuevo grupo que lo acompañará, seguramente, en su etapa como rector a partir del 4 de octubre.
Aunque existen voces que quieren ver sangre o una conflicto entre los agüeristas y el rector Esparza, lo que en realidad ocurre es el cierre natural de un ciclo.
Cuando José Doger se fue de la BUAP, nació el grupo de Enrique Doger y nadie habló de traición o revancha. Cuando Enrique Doger salió de la BUAP a la Presidencia Municipal de Puebla surgió el grupo de Enrique Agüera. Ahora que Enrique Agüera ya no está más en la universidad comenzó el proceso natural del surgimiento de un nuevo grupo, el de Alfonso Esparza.
En pocas palabras, la sucesión camina en calma y el revelo natural del grupo agüerista va en ese camino.
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El ex director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) Rodolfo Chávez Carretero envió a este reportero una carta para aclarar que el amparo promovido no fue para “retar” a la Contraloría, sino que lo usa porque es parte de sus derechos legales.
Aquí la extensa carta del ex funcionario marinista:
“H. Puebla de Zaragoza, a 12 de agosto de 2013.
Sr. CARLOS GOMEZ
Diario ¿Cómo?
Presente.
Por este medio le envío un cordial saludo y de la misma manera, me refiero a la información contenida en su nota denominada “Chávez Carretero reta a la Contraloría”, así como la similar contenida en su columna de opinión, las cuales por su contenido están relacionadas, de las cuales me permito hacer las siguientes aclaraciones:
En primer lugar, es conveniente precisar a sus lectores que lo único veraz de la información de sus conclusiones personales, es que he promovido el Juicio de Amparo que menciona, la cual es información pública que puede consultarse en la página web del Consejo de la Judicatura Federal, aclarando que en la aludida instancia federal no se encuentran demandadas la Secretaría de Educación Pública, ni el Titular de la similar de Contraloría, ya que no son parte del procedimiento, por lo que la sentencia que en su oportunidad se dicte, no tendrá efectos para dichas autoridades.
Por otra parte, si bien es cierto el suscrito promovió el juicio de amparo que refiere y como es de su conocimiento, dicha instancia tiene múltiples finalidades dependiendo de la arista legal de la que derive, también lo es que se trata del único medio legal establecido para impulsar un aspecto del desarrollo del procedimiento administrativo seguido en mi contra, por lo que respetuosamente estimo que es desacertado su comentario en el sentido que la promoción de dicho juicio es un “reto” a las instancias públicas que menciona, ya que equivaldría a considerar que en los casos en que un ciudadano interpusiera los recursos legales que tiene a su alcance respecto de algún acto de autoridad, éste constituiría el reto que usted indica, lo cual va en demérito del Estado de Derecho que impera en este País.
Aunado a lo anterior, la resolución que en su oportunidad pronuncie la instructora del procedimiento, no es la última instancia a agotar, pues contra ésta procede un recurso administrativo y en caso de no ser favorable, se acudiría de nueva cuenta a la instancia federal, la que de igual manera contempla un medio de impugnación; esto es, que para llegar a la situación legal definitiva del que esto suscribe, es necesario desahogar una pluralidad de instancias, en los plazos y términos contemplados en la Ley de la materia.
Tocante a su aseveración en relación al establecimiento denominado Luna Canela, me permito indicarle que desde hace mucho tiempo y en una pluralidad considerable de medios informativos he declarado que por una parte, dicho inmueble es propiedad de mi familia política desde antes que su servidor ocupara un cargo dentro de la administración pública estatal y, por otra, la intervención personal respecto del mismo (como Arquitecto en ejercicio de su profesión) fue materia de mis Declaraciones de Situación Patrimonial de los ejercicios 2008 y 2009.
Por lo anterior, solicito atentamente que en uso del derecho que me confiere el artículo 7 de la de Imprenta, publique usted la presente, a través del mismo medio en que se publicitaron las notas informativas que se contestan.
ATENTAMENTE
Arq. Rodolfo Chávez Carretero”.
Hasta aquí la carta.
Y ya que el arquitecto quiere andar aclarando cosas, debería aclarar a la Auditoría Superior del Estado las observaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 que le valieron el proceso de determinación de responsabilidades que tiene en su contra.
¿O no?
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gomezcarlos79@gmail.com
@gomezcarlos79
