Puebla reprueba evaluación del ITESM en materia de seguridad
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El estado de Puebla resultó reprobado en el análisis de acciones y programas para mejorar y resguardar la integridad de sus habitantes, ya que no hay avances en creación de policías ministeriales únicos. Se registran avances mínimos en el establecimiento de un centro de evaluación y control de confianza; hay un avance menor al 25 por ciento en capacitación a cuerpos policiacos; y el manejo de reclusorios es inapropiado.
De acuerdo con el reporte titulado “Primer Informe anual de avance de las propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad pública en México”, en la entidad poblana se revela que existe una instrumentación de programas para reforzar la seguridad lenta y poco contundente.
El estudio elaborado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) indica que estados como Puebla no tienen avances registrados en materia de seguridad pública relacionados con las propuestas específicas en la materia presentadas por esta institución en abril de 2010 al presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Cámaras de Senadores y Diputados; así como a los gobernadores de los estados.
SIN AVANCES, LA CREACIÓN DE POLICÍAS DE MANDO ÚNICO
Respecto a la implementación de la policía de mando único, el informe presentado el pasado 5 de mayo y que contiene información hasta el 29 de abril, indica que hay avances en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Durango; sin embargo, en Puebla fueron colocados puntos rojos porque no hay avances.
Por otra parte, en materia del fun-cionamiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza, la entidad aparece catalogada dentro del rubro “avance menor”, ya que el área fue creada, pero faltan los avances.
En la aplicación de controles de confianza, solamente 3 estados reportan avances importantes: Aguascalientes (85% del personal que ha pasado por el control); Baja California (63%); y Sinaloa (63%). No obstante, 22 estados, entre ellos Puebla, han evaluado a menos del 10% de su plantilla.
PUEBLA, CON AVANCE RELATIVO EN REFORMA PENAL
La EGAP reportó que solamente ocho estados han avanzado significativamente en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio: Chihuahua, Baja California, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Durango, el estado de México y Zacatecas. En tanto, Puebla fue catalogado con un avance relativo.
REPROBADO EN MANEJO DE RECLUSORIOS
El Itesm revela que los Centros de Readaptación Social que forman parte del sistema penitenciario de nuestro país no están cumpliendo con su misión y objetivo central, que es el de readaptar a las personas que han cometido algún crimen.
Dentro de este punto, Puebla aparece reprobado en la calificación en materia de separación de reclusos procesados y sentenciados; asimismo, fue colocada en el área de estados reprobados en separación de reos por delitos del fuero común y del fuero federal.
BAJA CAPACITACIÓN DE CUERPOS POLICIACOS
En el informe de capacitación a los cuerpos policiacos, la entidad aparece con un avance menor al 25 por ciento, por lo que fue colocada dentro de la lista de estados que todavía requieren emprender acciones en esta materia.
A diferencia de Puebla, que fue catalogado en la lista de “avance marginal”, Aguascalientes aparece con un avance mayor.
AUSENCIA DE COMPROMISO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
El texto dado a conocer por el Itesm, el cual se puede encontrar en la dirección electrónica http://viewer.zmags.com/publication/8477c4ea#/8477c4ea/1, concluye que en todo el país se puede observar una ausencia de compromiso por parte de las autoridades y de la ciudadanía para hacer frente al fenómeno de la inseguridad y se resalta una debilidad institucional en la policía y en la procuración de justicia.
Señala el texto la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, además de que no existe una sinergia entre las policías preventivas, los Ministerios Públicos y el Poder Judicial que lleve a una reducción en los niveles de impunidad.
“Hay un aumento de la desconfianza por parte de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública, dada la debilidad institucional y la lentitud de la implementación de los procesos para su fortalecimiento en estados y municipios,” expresa el documento.
Se resalta una pérdida de sensibilidad y capacidad de asombro por parte de la sociedad frente a la violencia; y la deficiente reacción de las autoridades frente a la creciente ola de delincuencia y violencia.
LOS DELITOS NO SE CASTIGAN
De acuerdo al informe, sólo el dos por ciento de los delitos que se cometen en el país, se castigan; y se estima que los delitos que no se denuncian alcanzan un nivel del 78 por ciento.
Del total de delitos denunciados (22 por ciento), sólo se inicia averiguación en un 15 por ciento; 2. 11 por ciento se consigna, mientras que sólo al 1.5 por ciento se le sanciona con una condena.
El documento concluye que falta compromiso por parte de las entidades federativas para entregar información estadística sobre incidencia delictiva, sólo 14 entidades entregan el reporte mensual a tiempo al Sistema Nacional de Seguridad; y en esa lista, Puebla no aparece.
