El PAN reviviría el caso Mario Marín-Lydia Cacho
joomla.2009
En el día de San Valentín de hace seis años estalló el peor escándalo político de la historia contemporánea de Puebla, que fue el llamado Lydiagate. Este caso en breve podría ser revivido, pues se sabe que está presente en la lista de asuntos que el gobierno federal buscaría detonar –por medio de la Procuraduría General de la República (PGR)– como parte de la guerra sucia que ha emprendido para intentar derrumbar la ventaja que el priista Enrique Peña Nieto lleva en la contienda presidencial de este año.
Pocos días antes del primer informe de Rafael Moreno Valle Rosas, a un diputado local, que no es del PAN, le fue comunicado que en breve iniciarían los procesos legales contra marinistas. Cuando el legislador preguntó a un alto funcionario del Poder Ejecutivo que si no había temor a la reacción que podía haber de los grupos políticos ligados al ex mandatario Mario Marín Torres, la respuesta era que no, ya que se sabe que la PGR podría proceder en contra del ex gobernador entre los meses de febrero y marzo.
Ese funcionario no supo o no quiso comentar los cargos por los que podría desatarse un proceso legal por parte de la PGR. Hasta hace dos semanas, sobre todo entre los marinistas, había mucho escepticismo de que esa versión fuera cierta. Sin embargo el escándalo que se desató sobre las supuestas investigaciones que el gobierno federal mantiene contra los ex mandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores cambió radicalmente la percepción.
Sobre todo porque el primero de éstos ex gobernadores tiene 13 años que dejó el poder y aun así, se le quiere procesar.
Un ex legislador del PRI, que fue cercano al marinismo, explicaba ayer a este columnista que sí existe un resquicio legal por donde la PGR podría reabrir el caso. El cual es el siguiente:
El 30 de noviembre de 2007 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación de seis ministros a favor contra cuatro en contra, determinó que no eran válidas las grabaciones telefónicas en las cuales se narraba la conspiración que hubo para encarcelar de manera indebida a la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, y que de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, no se habían violado los derechos humanos de la comunicadora.
Por tanto, los ministros establecieron que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, junto con otro grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo poblano, además de las autoridades de Quintana Roo, que es donde iniciaron los abusos contra Lydia Cacho, no eran responsables de haber violado las garantías de la periodista.
Esa decisión de la corte se basó únicamente en las pruebas que se presentaron a raíz de las conversaciones telefónicas que Mario Marín sostuvo con el empresario Kamel Nacif Borge, quien fue el que solicitó el encarcelamiento de Cacho, así como de otros entonces funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, que habrían participado en los abusos sufridos por la autora del libro “Los demonios del edén”.
Lo que no hizo la SCJN y que ahora si puede hacer la Procuraduría General de la Repúblicaes que el caso se vuelva a abrir, pero ya no con base en el tema de las grabaciones, que se difundieron públicamente el 14 de febrero del año 2006 por La Jornada y la periodista Carmen Aristegui, sino que ahora se analicen las actuaciones oficiales y por escrito que tuvieron en este asunto los siguientes personajes:
La agente del Ministerio Público Aurora Espejel; la entonces procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda; la juez que en ese año era quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González, y Adolfo Karam Beltrán, el primer director de la Policía Judicial en el sexenio marinista.
Y que con base en esas actuaciones se determine que Mario Marín solapó abusos contra Lydia Cacho, y por tanto se le busque procesar.
¿Qué tanto alcance podría tener desde el punto de vista legal un nuevo proceso contra Mario Marín? Probablemente no se llegue a situaciones extremas de que un día Mario Marín acabe sentenciado como autor de una serie de ilícitos. Lo que al gobierno federal le interesa no es que se haga justicia, sino que haya en escándalo mediático que le permita bajar las preferencias de voto hacia del aspirante priista Enrique Peña Nieto y puede subir la panista Josefina Vázquez Mota en el ánimo del electorado.
En general al gobierno de Felipe Calderón y al PAN nunca buscaron hacer justicia. Lo que hicieron a lo largo de los últimos seis años fue lucrar políticamente con el caso Cacho, por lo que surge la pregunta: ¿por qué no lo volverían a hacer, sobre todo ahora que los panistas están en peligro de perder el poder?
Semanas después de aquel fatídico 14 de febrero –para los marinistas– en que se hicieron públicas las grabaciones entre Kamel Nacif y Mario Marín, sobre la conspiración contra Lydia Cacho, el entonces secretario de Gobernación federal, Carlos Abascal Carranza, negoció con miembros de la administración de Mario Marín que los diputados del PAN se abstendrían de iniciar un juicio político contra el gobernador de Puebla si ayudaban al albiazul a ganar la elección presidencial de 2006.
El entonces presidente nacional del PAN, Manuel Espino, admitió que negoció con Marín el triunfo de Calderón. Así lo dijo: “yo hablé con muchos gobernadores… Con 10, que sí son muchos, son con los que pude hablar en ese momento. Y por supuesto que el mensaje también se lo hice llegar al gobernador de Puebla, como a otros. Pero no fue un acuerdo. No hubo una negociación. Me recibieron el mensaje. Ya lo que hicieron después ya es otra cosa.”
El resultado de esas negociaciones se reflejó en que de manera inédita, en 2006, el PRI poblano se dejó derrotar en 12 de los 16 distritos federales del estado, junto con la elección de senadores, ganando Rafael Moreno Valle Rosas y Humberto Aguilar Coronado. Es decir, el priismo local le habría regalado unos 100 mil votos a la causa de Felipe Calderón, que fueron fundamentales para el triunfo cerrado que obtuvo el panista sobre Andrés Manuel López Obrador.
Dicho de otra manera, los panistas torcieron la justicia para obtener beneficios políticos. Ahora no sería difícil que busquen actuar de la misma manera perversa y sucia en que lo hicieron en 2006.
Se dice mucho que un posible proceso contra Marín dependerá que tanto avancen las investigaciones contra tres ex gobernadores de Tamaulipas.
Que hasta ahora al gobierno federal no le ha funcionado esa estrategia, ya que no ha logrado tumbar de la posición puntera a Enrique Peña Nieto.
