ONU exige a mineras respetar zonas indígenas
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La minería se ha convertido en la tercera industria que más inversión atrae al país, sólo después del petróleo y las exportaciones automotrices y electrónicas
Sin embargo informa que el gobierno de México debe revisar el marco legal relativo a la minería, con el fin de respetar los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El especialista zapoteco Saúl Vicente Vázquez, uno de los expertos integrantes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII por sus siglas en inglés) del organismo internacional, realizó una serie de recomendaciones acerca de la extracción minera y la relación con los indígenas.
A través del “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”, dado a conocer el 31 de mayo pasado, Vázquez destacó que México es uno de los países en América Latina que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales en materia de derechos de estos pueblos; sin embargo, la intensidad de los conflictos sociales que se manifiestan para conservar los lugares sagrados, sus comunidades y no perturbar la naturaleza, suelen ser criminalizados, situación que ha llevado incluso a la pérdida de vidas, un hecho que “es preocupante”.
El documento hace hincapié en la importancia del sector minero en nuestro país, pues según la Secretaría de Economía, se ha convertido en la tercera industria que más inversión atrae al país, sólo después del petróleo y las exportaciones automotrices y electrónicas.
En 2011 registró una inversión de 4 mil 700 millones de dólares; además, se crearon 307 mil empleos directos y un millón de indirectos.
Tan sólo entre los años 2000 y 2010 se expidieron en México 26 mil 559 títulos de concesiones mineras, que equivalen al 35 por ciento del territorio nacional. Estas empresas son las llamadas “junior” o “canadienses” (aunque no todas sean de ese país), que producen 5.29 por ciento del oro y 4.79 por ciento de la plata, y desencadenan conflictos entre las poblaciones afectadas por la presencia de las minas, pues se ubican en zonas indígenas marginadas.
En 2010 hubo 301 empresas con proyectos mineros en el país, de las cuales 202 fueron canadienses, 51 estadounidenses, 14 mexicanas, siete australianas, siete chinas, seis japonesas, cuatro de Reino Unido, dos peruanas, e igual número de coreanas, chilenas e italianas; así como una de Bélgica y una de la India.
El estudio explica que dichas empresas se caracterizan como efímeras “derivado del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo” y porque las tecnologías que utilizan producen notorios “pasivos ambientales”.
El estudio apunta a que los conflictos reflejan “una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”. También critica que a menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallen en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
Es por ello que la ONU se ha mostrado preocupada por la relación entre las empresas y los pueblos indígenas, quienes -indica Saúl Vicente Vázquez- sostienen la falta de cumplimiento de las autoridades mexicanas en el respeto y protección de sus derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales; la falta de participación en procesos de consulta y la obtención de su consentimiento antes del otorgamiento de concesiones y de la operación de este tipo de industrias en sus territorios; de la criminalización de sus protestas cuando han reclamado sus derechos, con actos de violencia, impactos medioambientales negativos, y la afectación a su salud.
