Puebla, tercer lugar nacional en empleo informal con 72.3 de su PEA
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Al primer trimestre de 2012, la entidad con mayor informalidad laboral es Tlaxcala, con 75.6 por ciento de la población ocupada, seguida de Guanajuato, con 73.4 por ciento; Puebla, 72.3 por ciento; Yucatán, 72.2 por ciento e Hidalgo con 71.9 por ciento
Notimex informa que el 65.4 por ciento de la población ocupada en México labora en la informalidad, es decir, unas 29.8 millones de personas o dos de cada tres trabajadores del país, de acuerdo con la consultora aregional.com.
Su estudio “Mapa del empleo informal en México” reveló que 28.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada no recibe remuneración alguna; 60.4 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud, y 30.7 por ciento trabaja sin contar con contrato alguno.
La subdirectora General Técnica de aregional.com, Flavia Rodríguez Torres, calificó estas cifras como “demoledoras” y consideró que muestran la falta de éxito de la política laboral del gobierno que está por terminar.
Calculó que con la reforma laboral que recién fue aprobada por el Congreso de la Unión, la cifra de trabajadores informales se reduciría en alrededor de 10 millones respecto de los 29.8 millones actuales, con lo que el empleo informal quedaría en unos 20 millones.
Señaló que al primer trimestre de 2012, la entidad con mayor informalidad laboral es Tlaxcala, con 75.6 por ciento de la población ocupada, seguida de Guanajuato, con 73.4 por ciento; Puebla, 72.3 por ciento; Yucatán, 72.2 por ciento e Hidalgo con 71.9 por ciento.
En tanto, Chihuahua es el estado con menor informalidad laboral, con 47.7 por ciento de la PEA ocupada, le sigue Coahuila con 52.9 por ciento; Nuevo León, 55.8 por ciento; Baja California, 55.8 por ciento y Sonora con 57.6 por ciento.
Rodríguez Torres expuso que los estados de la Región Norte del país presentan los niveles de informalidad más bajos, mientras que los estados con mayor vulnerabilidad laboral se encuentran en las Regiones Centro y Sur.
Por otra parte, apuntó que 28.8 por ciento de la PEA ocupada al primer trimestre de este año no recibió una remuneración de acuerdo con la legislación mexicana o careció de prestaciones laborales.
Al interior de este indicador, precisó que 5.9 por ciento de la población ocupada a nivel nacional no recibió ningún pago como resultado de su trabajo, o el ingreso recibido fue menor a un salario mínimo, y 23 por ciento no obtuvo ninguna prestación básica.
En rueda de prensa, la especialista de aregional.com reportó que al 60.4 por ciento de la PEA ocupada, su trabajo no le garantizó acceso a los servicios de salud durante el primer trimestre de este año.
Indicó que en el país, 30.7 por ciento de la población ocupada trabaja sin contar con contrato alguno que valide la relación laboral, lo que es una de las formas más directas de la informalidad.
En su opinión, la informalidad laboral en México ha sido una importante válvula de escape ante el impacto de las crisis financieras y económicas padecidas en los últimos 30 años.
La insuficiencia de buenos empleos, el elevado costo de la formalidad para las personas con capital suficiente para llevar a cabo actividades registradas y, en general, la falta de oportunidades en la economía formal, son los principales efectos de estas crisis que han llevado al aumento continuo de la informalidad laboral.
Rodríguez Torres consideró que la verdadera crisis del mercado laboral mexicano no se refleja cabalmente en las tasas de desempleo abierto, que asciende a 5.2 por ciento de la PEA, o sea 2.4 millones de personas desocupadas.
Indicó que la mayor problemática laboral es la baja calidad de los empleos y la vulnerabilidad en la que se ve expuesta la población que ejerce su actividad informalmente.
Lo anterior se relaciona mucho más con situaciones de riesgo laboral e insuficiente o nula seguridad social, lo cual afecta el desarrollo social y el crecimiento económico del país, sostuvo.
Destacó que la reforma laboral recién aprobada permitirá que se regularice parte de la PEA que es informal por la forma de contratación, al tener un contrato que los respalde, así como acceso a prestaciones de ley y a la seguridad social.
