miércoles, 03 junio 2026
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Gobernador de Puebla buscará nuevas vías para acabar con medios críticos

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STAFF PUEBLA ON LINE 2009 23 de noviembre de 2012
El impacto de una encuesta, que se aplicó en el Distrito Federal y las ciudades más importantes del país, y la cual arrojaba resultados adversos para el gobierno del estado, fue lo que determinó que, de manera temporal, la administración de Rafael Moreno Valle Rosas decidiera deponer su actitud de demandar por la vía civil a una larga lista de periodistas críticos del actuar autoritario del titular del Poder Ejecutivo.
 
El acuerdo que ayer signaron –en el juzgado Primero de la Civil– el periodista Fabián Gómez Hernández y Sergio Ramírez, director de Comunicación del gobierno del estado, mediante el cual se da por concluida la querella judicial que había contra el primero de ellos, es lo que marca el cese, por ahora, del intento de llevar a juicio a varios periodistas, entre ellos a este columnista.
 
Para llegar a esta determinación hubo tres factores decisivos: Un par de sondeos de opinión pública; la intervención del académico Ernesto Villanueva, analizando el conflicto entre el gobierno estatal y la prensa local; y que la estrategia contra los comunicadores se salió de control y generó un impacto negativo contra Moreno Valle.
 
De los tres factores antes mencionados, el que más influyó fue los sondeos de opinión pública.
 
Trascendió que luego de que el 23 de octubre se filtró que el gobierno tenía en la mira a 17 periodistas para ser demandados por supuesto “daño moral” contra el gobernador, y ese mismo día se iniciaron los dos primeros procesos contra los colegas Fabián Gómez, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista de El Heraldo de Puebla, se mandaron a hacer dos mediciones del impacto de dicha actitud del Poder Ejecutivo.
 
El primero de esos sondeos se aplicó en el estado de Puebla y arrojó dos resultados: Para la mayor parte de la opinión pública el tema pasó inadvertido; y para otro sector, más reducido, le parecía bien que se utilizara los tribunales para dirimir diferencias entre la prensa y el gobierno del estado.
 
Un segundo sondeo, que se aplicó en el ámbito nacional, arrojó un resultado contrario al de Puebla, ya que la mayoría de los encuestados habría respondido que era una actitud autoritaria y contraria al régimen de libertades la actitud del gobernador de demandar por la vía civil a periodistas de Puebla.
 
Y como en el Poder Ejecutivo lo que influye es la opinión pública nacional y no la local, se habría valuado la pertinencia de dar marcha atrás para evitar que el asunto siga colocando el nombre de Moreno Valle, en la prensa del Distrito Federal, como uno de los gobernadores más autoritarios del país.
 
¿Qué buscó Moreno Valle con las demandas? Evidentemente esa fue una actitud para buscar inhibir la crítica y los contrapesos hacía su gobierno, luego de que varios medios de comunicación no han podido ser controlados, tal como ocurre actualmente con dirigentes, líderes y legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado que están totalmente domesticadas por el Poder Ejecutivo, a excepción de algunos grupos de la izquierda.
 
Se ha especulado que la intención de Moreno Valle Rosas de emprender procesos legales contra la prensa nació desde la campaña electoral de 2010, pues el entonces candidato opositor consideraba que la mayor parte de los periodistas de Puebla estaban “consentidos” por el mandatario Mario Marín Torres.
 
Luego se quiso iniciar la administración estatal con una “muestra de fuerza” contra la prensa, razón por la cual en febrero de 2011 se hizo una reforma para que los delitos de prensa pasaran al ámbito civil y se pudieran imponer sanciones económicas excesivas contra los comunicadores que fueran sentenciados por cometer daño moral.
 
Ese cambio generó las primeras críticas de que el fondo del asunto era que Moreno Valle quería inhibir la crítica en su contra. Eso llevó a que se pospusiera el inicio de los primeros procesos judiciales contra periodistas.
 
El mes pasado se evaluó que había llegado el momento de iniciar la persecución contra periodistas. Parece que la intención era captar la atención nacional y presentarse el gobierno del estado como el primero que intentaba imponer límites a la prensa por la vía de la fuerza. Se creyó que esa actitud sería aplaudida por diversos sectores políticos de la República Mexicana, lo cual nunca ocurrió.
 
Se optó por arrancar las demandas contra un par de periodistas, que se creyó, que no concitarían la solidaridad del resto de la prensa poblana. Se equivocaron los estrategas del Poder Ejecutivo, ya que al filtrarse que eran 17 los comunicadores que podrían ser procesados, se desató una ola de repudio en Puebla y a nivel nacional, incluidos varios periodistas de medios electrónicos y escritos –del Distrito Federal– que antes tenían una imagen favorable de Moreno Valle.
 
Unos días después de que se iniciaron las querellas contra Fabián Gómez y Adrián Ruiz, resultó demoledor el análisis jurídico que hizo de estos asuntos el académico Ernesto Villanueva, cuya autoridad en el tema tiene repercusiones en ámbitos políticos, académicos y periodísticos de todo el país.
 
Mediante una conferencia que dio en la ciudad de Puebla, Villanueva expuso que el mecanismo utilizado por el gobierno contra la prensa era propio de los regímenes dictatoriales de América Latina de la década de los años 60 y los 70.
 
El tema llegó al Poder Legislativo federal en donde diputados del PRD, ajenos a la corriente Nueva Izquierda, la cual es controlada por Moreno Valle Rosas, analizaron que las demandas podían ser combatidas por el yerro jurídico de que el daño moral es intransferible y por tanto era improcedente que Moreno Valle no hubiera sido quien presentara directamente la solicitud de enjuiciar a dos periodistas y esa facultad hubiera sido delegada al director de Comunicación Social.
 
Al final debe quedar claro algo: que el gobierno se esté replegando de seguir los procesos contra los 17 periodistas en cuestión no mejora la relación entre Moreno Valle y la prensa. Ni tampoco significa que la administración estatal no esté buscando nuevas vías para intentar acabar con varios medios de comunicación, entre los que se encuentra La Jornada de Oriente.
Staff Puebla On Line 2009
Staff Puebla On Line 2009