Ocultan asalto y golpiza en Cereso de Puebla; hubo un reo muerto
joomla.2009
Oficialmente ayer el gobierno del estado informó que una persona llamada Héctor Andrés Villagrán Ovando murió en el penal de San Miguel por razones desconocidas, pues solamente “se desvaneció”. Algunos presos del dormitorio L, que es de alta seguridad, narraron a este columnista una versión distinta: se trató de un asalto –la noche del lunes de esta semana– de un grupo de custodios que entraron a revisar y golpear indiscriminadamente a todos los internos de esa área, quienes son sometidos a constantes torturas. Como consecuencia de ese ataque –dicen– falleció el occiso.
Este hecho es solamente un episodio más de una larga lista de actos de corrupción y abusos que se cometen en el Centro de Reinserción Social de San Miguel (Cereso) a partir de que un grupo de funcionarios, provenientes de Tamaulipas, tomaron el control de esta prisión y son encabezados por Roberto Morales Mojica, quien tiene entre sus antecedentes varias investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Todas estas anomalías son solapadas y protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública.
Un grupo de internos, familiares de presos y un abogado se comunicaron vía telefónica con este columnista y narraron lo siguiente:
El dormitorio L está poblado por unos 22 internos, quienes están acusados de delincuencia organizada y por lo mismo se encuentran aislados del resto de la población penitenciaria. La mayoría antes estaba en la celda destinada para presos con “conductas especiales”, pero a raíz de que llegaron los miembros de una banda de secuestradores a todos los pasaron a un mismo dormitorio y ahí se incrementaron las torturas.
Desde hace algunas semanas, cuentan los denunciantes, los custodios entran al dormitorio L, en donde desnudan a los internos, en ocasiones los rocían con gas lacrimógeno y les dan de comer en bolsas de plástico el llamado “rancho”, que por lo general es arroz lleno de grasa, mal oliente, y se los arrojan al suelo, de donde deben recogerlo.
A esos presos no se les dan servicios médicos, se les restringen las vistas y para comprar algún utensilio de aseo deben pagar entre 15 y 50 pesos para que un custodio vaya a la tienda del penal por un jabón o una pasta de dientes, los cuales son objetos que se cotizan hasta en 200 o 300 pesos cada pieza.
El lunes, a eso de las 10 de la noche, dicen, un grupo de custodios que iban encapuchados y con cascos y portaban toletes entraron en tropel al dormitorio L y empezaron una revisión de cada preso. Decían que buscaban drogas y teléfonos celulares. Y de manera indiscriminada empezaron a golpear a todos los internos. Les dieron patadas y cabezazos.
En particular –sostienen– se habrían ensañado con Héctor Andrés Villagrán Ovando, un hombre de 45 años, quien luego de la refriega quedó tirado en el suelo.
Una vez que acabó la agresión general, a Villagrán Ovando supuestamente se lo habrían llevado arrastrando al dormitorio F, en donde también fueron retenidos otros internos golpeados.
El martes a las 14 horas, dicen los internos que hablaron con este tecleador, habría muerto Villagrán Ovando, al parecer luego de sufrir una crisis cardiaca que se le activó por la supuesta agresión de los custodios.
Aparentemente en el operativo de revisión no se encontró nada. Esa golpiza se suma a otras tantas que ha habido contra la población del dormitorio L, ya que alguien en el penal o en el gobierno está interesado que los presos de esa área sean sometidos a tratos brutales.
Dicha situación contrasta con los privilegios de que gozan los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, los dueños de Sitma e Invergroup, quienes están presos por fraude, pero los funcionarios del penal los dotaron de en un dormitorio especial y se ha dejado que unos 600 afectados por sus empresas hayan entrado a dialogar con estos personajes para negociar y firmar acuerdos de solución a querellas que enfrentan.
Según el boletín 1764.271112 de la Secretaría de Seguridad Pública el interno Villagrán Ovando se encontraba en el dormitorio de máxima seguridad y de pronto se “desvaneció”, por lo que cuando llegaron los servicios médicos ya había perdido sus signos vitales.
No se aporta ningún otro dato, excepto que esta persona estaba recluida como consecuencia de que enfrentaba el proceso 64/2009 por portación de armas prohibidas y cocaína que era comercializada.
El Cereso de San Miguel sufre una importante escalada de abusos y se está convirtiendo en un “foco rojo”. Nadie en el gobierno se ha preocupado por lo que ahí pasa, entre otras cosas por la inoperancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), la cual es la instancia que debería tener en la mira a las cárceles del estado.
La CDH no interviene, entre otras razones, porque el actual ombudsman Adolfo López Badillo corrió al personal del programa penitenciario del organismo y puso en su lugar a personajes sin experiencia en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
Por esa razón en la Secretaría de Seguridad Pública se celebra que Puebla se tenga un ineficiente y timorato presidente de la CDH.
