Nuevos magistrados del TSJ envueltos en escándalos de corrupción y omisión
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Entre señalamientos de corrupción, falta de preparación y pago de facturas, esté jueves se nombraron a los tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
El nombramiento más polémico fue el de Roberto Grajales Espina, operador del gobernador Rafael Moreno Valle al interior del PAN y personaje ligado a los grupos de ultraderecha como el Yunque.
Cabe destacar que es la primera vez en la historia del Tribunal que un panista ocupa una magistratura, por lo que su postulación fue interpretada por diversos actores políticos como un pago de factura de Rafael Moreno Valle a Grajales Espina
Cuestionado al respecto, el nuevo magistrado se defendió diciendo que ese tipo de señalamientos lo insultan, pues su nombramiento se debe a su preparación como abogado, profesión que ha ejercido, asegura, desde los 23 años.
Sin embargo, en su curriculum no se menciona experiencia en alguna actividad relacionada con la procuración o administración de la justicia.
CORRUPCIÓN
Alberto Miranda Guerra, ungido este jueves por el Congreso como nuevo magistrado, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción y omisión.
Quien hasta enero de 2011 se desempeñara como Juez Segundo de lo Civil, pasó un mes con licencia debido a las amenazas de secuestro de un grupo criminal presuntamente proveniente del Distrito Federal a finales de 2010.
Al mismo tiempo, fue acusado por actos de corrupción por su entonces secretario de Acuerdos, Adrián Cesar Vázquez Ávila.
Coincidentemente, Vázquez Ávila fue secuestrado, pues según versiones extraoficiales fue confundido con Miranda Guerra. Estas mismas versiones aseguraron que el secretario logró escapar de sus captores en Tamaulipas y regresó a Puebla.
Posteriormente Vázquez Ávila denunció que fue abandonado por Miranda Guerra y los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pues luego de su rapto no le permitieron regresar a su trabajo y en la Procuraduría General de Justicia no aparece la averiguación previa que se inició por su secuestro.
Incluso Vázquez Ávila asegura que David López Muñoz, presidente del TSJ le ofreció su apoyo luego del secuestro a cambio de que no acusara a Miranda Guerra de actos de corrupción.
En diciembre de 2010, mientras Miranda Guerra estaba de licencia por las amenazas, dos hermanos lo acusaron de mantenerlos en la cárcel durante tres años, pese a que no había pruebas suficientes en su contra.
Por medio de un amparo, un juez federal revisó el caso de los hermanos Juan y Daniel Reynoso Fabián y ordenó su inmediata liberación.
Alberto Miranda Guerra entró al Poder Judicial desde 1994 como Secretario de Estudio y Cuenta en el Juzgado Mixto de Zacatlán, en su momento fue señalado como uno de los protegidos de Guillermo Pacheco Pulido, pues fue su sobrino político.
NULA PREPARACIÓN
Otro que fue nombrado magistrado fue Saúl Gutiérrez Villareal, quien reconoce experiencia en la Secretaria de la Función Pública de diversas instituciones, no obstante nada relacionado con la procuración o administración de justicia.
Finalmente, María de los Ángeles Camacho Machorro fue nombrada magistrada, era juez interina del juzgado primero civil y en su juzgado se firmó el convenio conciliatorio entre el gobierno del estado y el director de contraparte Informativa, Fabián Gómez.
Desde 1988 entró al Tribunal Superior de justica y pasando por los cargos de Secretaria de Estudio y Cuenta en dos salas del TSJ
