CCEY pone 6.3 de calificación a Congreso de Puebla
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El Centro de Estudios Espinosa Yglesias dio una calificación de 6.3 al desempeño del Congreso de Puebla, pues aún tiene temas pendientes en transparencia y en autonomía
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias dio una calificación de 6.3 al desempeño del Congreso de Puebla, pues algunas iniciativas (las de Ejecutivo) pasan de manera exprés, mientras que en materia penal hay un evidente rezago. A lo que se suman deficiencias en transparencia.
Al identificar áreas de mejora en el desempeño de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla durante 2011, un grupo de 26 expertos reconocidos en temas de parlamentarismo, técnica legislativa, argumentación jurídica, transparencia y rendición de cuentas, derecho electoral, seguridad pública, reforma penal y propiedad privada, convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, dieron una calificación de 6.3, a partir de dos grandes secciones: desempeño institucional (calificada con 7.3) y calidad de la actividad legislativa (que obtuvo calificación de 5.4 en una escala de 1 a 10).
Pudieron constatar los especialistas que durante el periodo analizado existe alta cohesión de los grupos parlamentarios; que los diputados asisten con regularidad y puntualidad a sus sesiones; que no incurren en interferencias que obstruyan el cumplimiento de las funciones del órgano legislativo y que un alto porcentaje de las iniciativas presentadas se discuten y se aprueban.
No obstante, se destacó que gran parte de lo que sucede en estos procesos legislativos no se hace público; muchas iniciativas se discuten y se aprueban sin la debida deliberación de los diputados presentes en el pleno y sin la participación real de la ciudadanía. También se determinó que si bien la página del Congreso ha mejorado mucho, aún presenta deficiencias importantes; en particular recomendaron incluir las minutas de las discusiones, tanto en comisiones como del pleno, a pesar de la opinión de algunos legisladores de que se trata de procesos sin culminar, pues se discuten asuntos públicos de interés de la ciudadanía.
Este problema, comentado ampliamente en las sesiones de evaluación, fue mucho más evidente en el segundo año de sesiones, pero no se tomó en cuenta en esta calificación por estar fuera del periodo de evaluación. Por tanto, los cambios legislativos y nombramientos importantes que fueron realizados en 2012 sin cubrir los elementos democráticos esenciales serán evaluados en el próximo periodo correspondiente a la actividad del segundo año de sesiones de esta legislatura.
Sin duda una gran área de mejora es dotar de perspectiva al Poder Legislativo de lo que acontece a nivel nacional, especialmente en lo relacionado con las obligaciones que derivan de las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y protección de derechos humanos. Sin la debida atención, los jueces podrán declarar como inaplicables las leyes que aprueban por considerarlas violatorias de los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales celebrados por México y las leyes nacionales en la materia.
Bajo esta misma lógica, los especialistas coincidieron en la urgencia de que el Congreso de Puebla aborde con mayor detenimiento lo relativo a su técnica legislativa, especialmente en su reglamento, el cual ya fue modificado durante el 2012 y que será materia de análisis para el siguiente periodo de evaluación. Lo anterior abonará a la calidad regulatoria, a la mejora de sus estándares, del trabajo de los dictámenes y, en general, mejorará su argumentación de constitucionalidad. Agregaron que es aquí donde entra el trabajo fino de los institutos especializados, quienes deberán llevar a cabo estudios de impacto y seguimiento post legislativo.
Dentro del desempeño institucional, el aspecto mejor evaluado fueron las facultades representativas, con una calificación de 8.9; en contraste, dentro del desempeño de las actividades legislativas, lo relativo a reformas de lo penal fue el rubro de más baja calificación, con 3.5.
