Ayuntamiento de Puebla y BUAP realizaron ciclo de conferencias Transparencia y Rendición de Cuentas
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Si el combate contra la corrupción, en el fondo no se vuelve una política de Estado, en la que se involucren los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se integren los tres niveles de gobierno y la ciudadanía participe, la tarea será difícil, advirtió el titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Joel Salas Suárez.
Al participar en el Ciclo de Conferencias “Transparencia y Rendición de Cuentas”, que organizaron la BUAP y el Ayuntamiento de Puebla, con el tema, el funcionario aseguró que si no hay una respuesta integral los esfuerzos se irán al vacío.
Reconoció que el proceso es largo y el componente cultural juega un papel importante, porque “mientras sigamos pagando mordida, las cosas no van a cambiar; la corrupción grande, esa de redes donde están los peces gordos y los grandes funcionarios, así como la pequeña, al final lo que hace es erosionar el tejido social entre autoridades y ciudadanos.
Ante funcionarios, trabajadores, estudiantes y académicos, habló del trabajo que desde 1983 se inició para el combate contra la corrupción, cuando sólo había sanciones administrativas o inhabilitaciones que muy poca confianza generaban entre los ciudadanos.
Actualmente, la Secretaría de la Función Pública tiene implementados programas tendientes a investigar sobre los casos de corrupción y buscar la participación ciudadana para que denuncie a quien o quienes cometen estos actos, pero también ha mejorado los procesos para que el ciudadano no se vea obligado a incurrir en ello.
Puso como ejemplo la implementación de nueve manuales que permitieron reducir más de 200 pasos, con el fin de facilitar los trámites a empresarios y de fomentar y facilitar la inversión.
El Doctor en Sociología Política explicó que la Transparencia Focalizada asegura el derecho del ciudadano de saber, a través de la información abierta que tienen en su sitio web la dependencia, en qué está gastando el gobierno federal los recursos públicos, entre otras cosas.
Reconoció que aunque se ha avanzado, es necesaria la participación de los poderes legislativo y judicial para que haya sanciones administrativas y legales adecuadas al delito que se comete, porque de lo contrario éstos continuarán.
Puso como ejemplo una empresa que logró un contrato de 4 mil millones de pesos con Pemex y presentó fianzas falsas, delito por el que recibió una sanción administrativa de sólo 853 mil pesos; afortunadamente hubo cambios y hoy quien incurra en este delito tienen que pagar el 35 por ciento del valor del contrato.
Salas Suárez comentó finalmente que se han sancionado a más de siete mil 500 servidores públicos con destitución e inhabilitación, se aplicaron más de tres mil 600 multas económicas y se ha sancionado a más de tres mil 800 empresas por actos de corrupción.
