INAH advirtió a RMV: “O paran o clausuramos” obras del teleférico
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El súbito cambio de 180 grados que dio el gobierno del estado en torno a la obras del teleférico –ya que durante cuatro días desacató la orden judicial de parar los trabajos y ayer por fin los suspendió de manera temporal– obedece a que hubo una advertencia tajante y severa desde el Poder Ejecutivo federal sobre las consecuencias jurídicas que habría sino modificaba su actitud.
Dicen que la advertencia habría venido directamente desde la oficina de Rafael Tovar y de Teresa, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), quien habría establecido lo siguiente: o se paraban las obras o serían clausuradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Y para dar fuerza a esa disposición Tovar dispuso que el director general del INAH, Sergio Raúl Arroyo García, viniera a Puebla personalmente a verificar las obras del teleférico y entrevistarse con los académicos inconformes con el proyecto.
Esa visita seguramente fue un duro golpe para la administración de Moreno Valle, pues Sergio Raúl Arroyo tiene el antecedente de haber sido quien, contra viento y marea, en 2003 paró de tajo la construcción de un estacionamiento subterráneo a un costado de la Catedral, pese a las presiones políticas que ejerció el entonces alcalde de la capital Luis Paredes Moctezuma, y una clausura hubiera tal vez significado parar y cancelar en definitiva el proyecto del teleférico.
Eso pasó en octubre de 2003, luego de que Arroyo García ordenó la clausura de las calas que Luis Paredes mandó a hacer al zócalo para estudiar la mecánica del suelo, el ayuntamiento ya nunca pudo reiniciar los trabajos del aparcadero subterráneo, pese a que el INAH estuvo sometido a ataques desde Los Pinos para que no siguiera con la cancelación de la obra.
Se dice que en Conaculta y el INAH se vio con bueno ojos que un juez federal esté analizando la legalidad del proyecto del teleférico y que en general se revise si dicha obra no atenta contra el patrimonio cultural.
Lo que causó malestar en esas instancias del gobierno federal es que el viernes, luego de que un juez federal haya ordenado la suspensión temporal de los trabajos, la reacción de la administración de Moreno Valle Rosas fue la de desacatar esa disposición; y que ese desacato ayer cumpliera cuatro días.
El juicio de amparo que un grupo de académicos promovió contra el arbitrario proyecto de Rafael Moreno Valle Rosas, y la intervención este martes del director general del INAH, todavía no es garantía de que se podrá frenar los atentados contra el Centro Histórico, pero sin duda si significa un cambio entre la relación entre el Poder Ejecutivo estatal y el gobierno federal.
La visita de Arroyo García y la advertencia que hizo el presidente de Conaculta marca una nueva actitud, en la cual se le está mandando un mensaje claro a Rafael Moreno Valle de que no puede intervenir en el Centro Histórico sin contar con la vigilancia del INAH y cumpliendo con las normas federales.
Dicho de otra manera, que su gobierno no es dueño del Centro Histórico, y que no puede ignorar a académicos, activistas, legislaciones, instituciones, organismos locales, nacionales e internacionales que están dedicados a la protección del patrimonio cultural.
