Moreno Valle incumple sus promesas básicas de campaña
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Si hubiera congruencia de Rafael Moreno Valle Rosas tendría que ir preparando su renuncia al cargo de jefe del Poder Ejecutivo de Puebla, como consecuencia de que en 2010, a la par de que creó una alta expectativa de cambio, suscribió públicamente un par de acuerdos –difundidos en el ámbito local y nacional– sobre metas básicas que debía cumplir, o de lo contrario dimitiría como gobernador. Al cumplirse dos años de su gestión es fácil percatarse que no consumó lo ofrecido y tampoco hay posibilidades de que lo haga en los siguientes 12 meses.
La mayoría de esas promesas se concentraban en la posibilidad de legislar para respetar la pluralidad en el estado, ampliar las libertades, fortalecer la democracia, respetar a los trabajadores de los poderes públicos, no criminalizar la lucha social, combatir la pobreza y frenar el crecimiento de la delincuencia.
Todos esos ofrecimientos no solamente no se cumplieron, sino que Moreno Valle al estilo de un gobernador de la época del avilacamachismo ha concentrado el poder, no permite los contrapesos y son magros sus logros, y su actuar únicamente obedece a un proyecto político del mandatario para intentar ser candidato presidencial.
A los dos acuerdos a los que hago referencia ya están en el olvido en el discurso oficial del gobernador y son letra muerta. Estos son: el convenio “por un pluralismo eficaz, transparente y justo”, que Moreno Valle Rosas suscribió de manera conjunta el 14 de julio de 2010 con los entonces gobernadores electos de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y de Sinaloa, Mario López Valdez. El segundo lo firmó el 31 de mayo ante el notario público René Meza Cabrera y ahí estableció: “Lo cumplo o me voy”.
Por esa razón, en acatamiento a lo ofrecido, Moreno Valle debe empezar a buscar renunciar al cargo –si es que le queda un poco de congruencia o vergüenza– ahora que ha iniciado su tercer año de gestión.
Ante un auditorio a reventar, el 31 de mayo de 2010 Moreno Valle dijo que si ganaba los comicios de ese año al llegar a la mitad iba a renunciar si no se cumplía con lo siguiente:
Que de acuerdo a indicadores específicos y evaluados por organismos independientes en su tercer año de gobierno se tenía que haber mejorado el ingreso económico de la mayoría de los trabajadores, la seguridad pública, los servicios públicos y el combate a la pobreza.
Además, que se crearían mecanismos de participación ciudadana, se mejorarían las figuras de referéndum, revocación de mandato y se fortalecería el plebiscito. Todo ello era para evitar malos gobernantes o echarlos cuando la gente se cansara de ellos.
Y un tercer rubro era que sería respetuoso del servicio civil de carrera en el gobierno del estado, por lo que no habría despidos de trabajadores, y se darían continuidad las “buenas prácticas de gobierno”.
¿Cumplió? Claro que no, para empezar el gobernador solamente escucha a un reducido grupo de colaboradores e ignora al resto de la sociedad. Un ejemplo son los académicos que han cuestionado los proyectos de obra que dañan al patrimonio cultural de Puebla.
La crisis sigue provocando en Puebla la quiebra de negocios y miles de poblanos migran a Estados Unidos por la falta de empleo. No hay proyectos específicos para reducir la pobreza, y fuera del metrobús y el viaducto no existe ninguna mejora a los servicios públicos que utiliza el grueso de la población.
Durante los dos sexenios anteriores, el de Mario Marín Torres y Melquiades Morales Flores, eran escasos los hechos graves de violencia, así como los secuestros y la tasa de homicidios era reducida. En la gestión de Moreno Valle se han disparado las ejecuciones y los ilícitos relacionados con el narcotráfico, además de los plagios.
El referéndum, el plebiscito y la participación ciudadana son temas ausentes en el Poder Legislativo. Pues se sabe que si realmente se hacen efectivos esos mecanismos seguramente la población buscaría de inmediato aplicarlos contra el propio jefe del Poder Ejecutivo.
Y por último, los miles de trabajadores despedidos y su reemplazo por gente que llegó de otros estados del país, es claro que no hubo ningún respeto al servicio civil de carrera y mucho menos a la Ley Federal del Trabajo.
El segundo acuerdo, el que firmaron Cué Monteagudo, Moreno Valle y López Valdez, lo hicieron ante la prensa nacional, en un salón de un hotel Paseo de la Reforma, en el cual establecieron que: cuando llegaran a gobernar no habría “cacería de brujas”, se daría una reconciliarían entre la sociedad y no criminalizarían la lucha política y social.
Parece que ese acuerdo fue el guión de los primeros dos años del gobierno de Moreno Valle, pero de lo que no debía hacer. Para empezar ha criminalizado la lucha social, pues siempre estuvo injustificado el encarcelamiento de un grupo de campesinos de la UNTA del municipio de Chignahuapan y de otro grupo de vecinos de Francisco Z. Mena que protestaban contra los abusos de Pemex, así como Pedro Barojas, ex edil de Palmar de Bravo, quien nunca le probaron los cargos de peculado.
Sólo por citar algunos casos.
La “cacería de brujas” si ha existido, ya que a muchos funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres les iniciaron investigaciones sólo para amedrentarlos, ya que no se persiguieron ilícitos que supuestamente cometieron y varios de ellos han ganado los procesos en su contra al no estar sustentadas las acusaciones.
El aspecto con el que menos ha cumplido Moreno Valle es la de conciliar con la sociedad. Al revés, cada vez crecen más los agraviados por el gobernador, lo mismo son periodistas, campesinos, militantes del PAN y el PRD, activistas, académicos, líderes de migrantes y un largo etcétera.
Y es que Moreno Valle aspira –y lo está logrando– ser un gobernador al que le tienen miedo y odio, y no le interesa ser visto como un demócrata y conciliador.
