ASF advierte sobre opacidad en información financiera de gobiernos estatales
joomla.2009
La Auditoría de la Federación advierte sobre los riesgos que implica para las finanzas de las administraciones estatales el que se endeuden a través de bursatilizaciones y contratos de prestación de servicios, en los cuales los gobiernos de los estados no consideran deuda pública directa.
Pero estas transferencias multianuales impactan en las finanzas estatales.
En el caso del estado de Puebla, en esta administración se han ocupado mecanismos como los proyectos de prestación de servicios para la construcción de infraestructura.
El caso más notable es el de la creación de instrumentos de deuda indirecta, como la creación de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), que ha permitido la construcción de obras como el Centro Integral de Servicios. A través de este instrumento de deuda indirecta se pagarán en 23 años 9 meses la cantidad de 3 mil 800 millones de pesos.
Estas modificaciones a la ley de deuda pública han contado con el respaldo de todas las fuerzas políticas, incluidos los diputados del PRI.
Cabe señalar que la actual ley de deuda pública de los gobiernos estatales presenta diversos candados para conocer el resultado de la deuda de las entidades federativas.
Un documento de la Auditoría Superior de la Federación denominado “Análisis de la Deuda pública de las entidades Federativas y municipios” advierte sobre la opacidad prevaleciente en la leyes estatales de deuda pública.
“Un aspecto prioritario en el tema de la deuda pública de los gobiernos subnacionales es la transparencia de la información. No se conoce el saldo total acumulado debido a que conforme al Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, solo se registra ante la SHCP la deuda garantizada con participaciones, y para los gobiernos locales es voluntario el registro de la deuda de corto plazo y de otras obligaciones financieras. En este hecho inciden las definiciones contenidas en la Ley de Deuda Pública de las entidades federativas, que en general no establecen como obligación reportar las operaciones crediticias de corto plazo, ni las obligaciones con los proyectos de inversión en el marco de asociaciones público o privadas (PPS), las cuales se contabilizan como gasto corriente y no como deuda pública directa.”
