Más piedras para la transparencia en el estado de Puebla
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Con la publicación del reglamento de la Ley de Transparencia, el gobierno de Rafael Moreno Valle, lejos de facilitar el acceso ciudadano a la información volvió a ponerle piedras al proceso.
El documento, publicado el pasado 31 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial del estado, prohíbe a los ciudadanos el uso de “las cámara fotográfica o similares, escáneres u otros aparatos o dispositivos análogos de reproducción” cuando la documentación en poder del estado se revisa en la modalidad de “consulta directa”, es decir que el solicitante se presenta en la dependencia para conocer la información original (artículo 7).
La decisión del gobernador del estado “legaliza” una situación que ya se vive cuando se solicita información, pues los funcionarios encargados del acceso a los documentos oficiales en las diferentes dependencias de gobierno impiden a los solicitantes reproducir en cámaras o dispositivos electrónicos la información.
El argumento que los funcionarios han dado a Lado B es que se trata de información “que es propiedad del gobierno del estado”, y que la única posibilidad de llevarse una copia digital de la misma es pagando por ella.
Esto a pesar de que la Ley de Transparencia del estado y la propia Constitución establecen que el derecho a la información es gratuito, y que sólo en caso de que exista un costo a cargo del estado por la reproducción de la información este debe pagarse, y en el caso de las fotografías o algún otro medio de reproducción con instrumentos propiedad del solicitante no existe costo alguno para el estado.
Pero el señalado no es el único obstáculo que señala el reglamento: en su artículo 50 reduce el horario de recepción de solicitudes de 9 a 15 horas, cuando el horario de trabajo en las oficinas de gobierno se extiende hasta las 16 horas.
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