Deudas del gobernador
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La desatención y la actitud de poco interés que el gobernador del estado muestra al ámbito de justicia en la entidad es verdaderamente grave. Una confusión representa situar cuestiones inherentes a la seguridad pública como parte del cumplimiento al compromiso que el ejecutivo contrajo en el área justicia, en aquella reunión que como candidato al gobierno del estado suscribió en Izucar de Matamoros.
La impartición y administración de justicia no es prioridad para este gobierno, por lo menos así se ha demostrado. Inherente la primera al Procurador General de Justicia, en tanto que administrar justicia deviene del acto mismo entregado al Poder Judicial, instituciones estas que en su actuar dejan mucho que desear y ello se traduce en una gran deuda con la sociedad.
El ejecutivo olvida que el sub desarrollo más grave es el intelectual y que en este sentido no puede ni debe escatimar en la preparación y renovación de Agentes del Ministerio Público y Jueces. La oralidad en los procedimientos de naturaleza penal no será la solución a la gran problemática que representa administrar justicia en materia penal, puesto que alejados a la justicia y equidad jueces improvisados pueden cometer atrocidades.
El fabricante de los delitos y el creador mismo de la impunidad continúa siendo una institución viciada y putrefacta como lo es el Ministerio Público y sus Agentes Ministeriales hasta hoy encargados de “investigar” un ilícito, desde luego, si a la actividad que realizan los policías Ministeriales se le puede llamar de investigación.
La puerta de acceso a una Agencia del Ministerio Público, por regla general está en manos de un Auxiliar o Secretario del Ministerio Público, normalmente se trata de una persona poco capacitada tanto en el trato humano, como en el conocimiento mismo del derecho penal, de ello que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal , es de considerar que el titular de una Agencia del Ministerio Público es el maestro del despotismo y corrupción su auxiliar y en términos generales el personal mismo que labora en dicha institución seguirá la conducta de su gran maestro, situación está que a dos años de gobierno no ha cambiado en las Agencias del Ministerio Público, por el contrario la molestia social con dicha institución ha crecido debido al burocrático sistema que se implementó para la recepción de quejas y la investigación de los delitos cometidos por los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, donde se creó una fiscalía especializada en la que priva el tortuguismo y mal trato desde el ingreso al edificio en el que se alberga tan flamante fiscal.
He sostenido que al interior del estado la problemática de impartición de Justicia se agrava aún más, con casos concretos de Agentes del Ministerio Público y policías ministeriales que se han especializado en la supuesta acreditación de delitos como portación de instrumento prohibido, cohecho y chantaje, esto como base para presentar supuestos delincuentes, desde luego con la anuencia total de jueces timoratos y desconocedores a más del derecho quienes son coparticipes en absoluto de las conductas que lastiman a la sociedad. El Tribunal Superior de Justicia mantiene sus logros de mediocridad e incapacidad para administrar justicia con un órgano denominado Junta de Administración que continua siendo un elefante blanco en el que no existe credibilidad y que solapa conductas contrarias a derecho y que solo practica vistitas guiadas a los juzgados privilegiando en adscripciones a jueces corruptos.
El Poder Judicial poblano es de los pocos que aún mantiene jueces y Magistrados todólogos que lo mismo resuelven controversias en materia familiar, penal civil o mercantil, ello es así, porque nunca ha existido interés por la verdadera capacitación del personal del Poder Judicial, donde por siempre se impartían cursos solo a privilegiados o miembros de la gran mafia que en el exilio sigue manipulando a esta institución, hechos que durante años he venido sosteniendo, aun contra las adversidades que me represento la persecución y encarcelamiento mandatada por Guillermo Pacheco Pulido.
La forma de administrar Justicia en materia de derecho familiar es verdaderamente lastimosa pues tal actividad esta entregada a personal carente de vocación y respeto a los derechos del menor y la familia, se trata en su mayoría de juezas que delegan su responsabilidad a secretarias y secretarios cuya actitud resolutoria pende de sus conflictos internos y desordenada forma de justipreciar los hechos, aunado ello a su incapacidad para aplicar el derecho, bajo sus absurdos argumentos de que, “a quien afecten sus determinaciones las impugnen y punto”, no obstante que en muchas ocasiones está de por medio la apremiante necesidad de alimentos a menores.
Las juezas familiares tienen el derecho de llegar a sus centros de trabajo a las once de la mañana, cuando las audiencias inician a las ocho, les molesta sobremanera atender a las partes en los juicios delegando siempre su responsabilidad sabedoras que no existen mecanismos idóneos que regulen su actuar ya que como lo he indicado, las visitas del Magistrado encargado de verificar la actividad de los juzgados y la conducta de los servidores públicos es siempre guiada y anunciada seguida de la sumisión y lambisconería que emborrachan, resultando hasta turísticas esta visitas de supervisión cuando se trata de trasladarse a ciertos distritos judiciales donde se preparan grandes comilongas después de “arduas” jornadas de trabajo.
Que lejos están estas visitas de inspección de aquellas que realiza el Poder Judicial de la Federación a Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados. El gobernador del estado olvida que no solo lastima a la sociedad la falta de pavimento en una calle, la inexistencia de un puente o la necesidad de un medio de transporte; lastima a la sociedad el corrupto sistema de administrar e impartir justicia, gran deuda que sostiene con los poblanos que lo llevaron al poder.
