Senadores del PAN y PRD analizan quitar fuero al presidente
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Los institutos políticos argumentan que el proyecto de reforma aprobada por los diputados creará un conjunto de reglas desigual para los servidores públicos
ADN Político informa que el PAN y el PRD en el Senado analizan unirse para modificar la iniciativa de reforma al fuero que la Cámara de Diputados recién aprobó, en la que se establece que todos los funcionarios públicos pueden ser procesados judicialmente, menos el presidente de la República.
Los institutos políticos argumentan que el proyecto de reforma aprobada por los diputados creará un conjunto de reglas desigual para los servidores públicos.
Las bancadas panista y perredista reconocen que no han establecido un acuerdo formal, pero consideran que terminarán aliándose para cambiar el punto sobre la
inmunidad presidencial.
“Seguramente sí, ya hemos tenido amplias coincidencias con las fuerzas progresistas, y seguramente esta es una de ellas, en la que estaremos trabajando de manera conjunta para que nadie quede en un estado de excepción”, dijo el senador panista José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta.
Alejandro Encinas, senador del PRD y secretario de esta Comisión, indica que el presidente debe someterse al mismo régimen legal que los demás funcionarios.
“Nosotros creemos que no debe existir ningún privilegio para ningún servidor público, y al hacer prevalecer este privilegio del Ejecutivo, se crea una situación de excepción que más que inmunidad lo que otorga es impunidad en el actuar”, sostuvo.
La iniciativa de reforma avalada el 5 de marzo por la Cámara Baja y mandada al Senado, establece que los funcionarios, con excepción del presidente, que gozan de fuero puedan ser investigados como parte de un proceso penal aún cuando se encuentren en funciones.
La reforma constitucional deja claro que los servidores públicos sujetos a proceso penal no podrán ser aprehendidos mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones, sino hasta que haya una sentencia ejecutoria, con lo que perderían su cargo y su inmunidad y podrán ser llevados a prisión.