EPN ¿Legalidad o legitimidad?
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Max Webber, señaló tres tipos de legitimidad: La carismática cuando el acatamiento y consenso que avalan al jefe se originan en su “carisma”, en ese ascendiente personal cuasi-religioso y cuasi-mágico que algunos hombres tienen, quizás relacionado con su condición prototípica de una raza, cultura o generación; la legitimidad tradicional, que es aquella adhesión y respaldo que emerge del tiempo, de la consagración histórica, de la tradición popular; y la legitimidad legal racional, que es aquel consenso emergente de una normativa jurídica con vigencia sociológica, que respalda el acceso al poder y su ejercicio.
Nuestro sistema político y electoral, característico del Estado Moderno presupone que la legitimidad de nuestros gobernantes, es del tipo legal racional y que la legalidad de los actos políticos garantiza la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Sin embargo; cuando esta legalidad es trastocada con elementos que ponen en duda el resultado de las elecciones, ésta no es suficiente para garantizar el ejercicio de un gobierno legítimo, luego entonces la legitimidad del ejercicio del poder político también es afectada y puede ser un factor de ingobernabilidad.
Como ya lo hemos comentado en artículos anteriores, en el caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidiera validar la elección presidencial bajo el criterio exclusivo de la legalidad del proceso electoral y con ello nombrar a Peña Nieto como Presidente Electo, éste a pesar de contar con la constancia de mayoría en las manos, estaría en el supuesto de una falta de legitimidad desde el origen, por todo lo que presenciamos antes y durante el proceso electoral.
Ante este escenario, hay tres posibles vías para poder sortear esta crisis: La primera es la negociación de la actual bancada PRI-PAN en el Congreso de la Unión para poder sacar adelante las reformas estructurales de las que tanto se habló como “necesarias” en la contienda electoral y con ello dejar el “camino plano” al próximo Presidente para tener un mayor margen de acción e instrumentar políticas gubernamentales y públicas que lo diferencien de las anteriores administraciones panistas.
Una segunda posibilidad es que en conjunto con su aliados -el Partido Verde y Nueva Alianza- y sumando el interés del Partido Acción Nacional; durante su gestión consolide las reformas estructurales sin contar con el respaldo de los legisladores de izquierda. Aunque esto desencadenaría la reacción de los sectores que se oponen a estas reformas y que votaron por AMLO (quince millones de mexicanos), lo cual tendría un alto costo político para su gobierno.
Y el tercer escenario sería garantizar la gobernabilidad del país, buscando aliarse con la segunda fuerza electoral que es la izquierda, sumando al PAN -que fue relegado a tercera fuerza por los electores-, y a partir de ello lograr consensos que lo lleven a actos legítimos de gobierno. Asegurando una gobernabilidad que garantice la inclusión de mayorías y minorías.
El reto sería para Acción Nacional, quien se encontrará en la disyuntiva entre ser una oposición real o una legal y con ello traicionar el mandato de sus electores, que esperan que el PAN recupere su papel del partido del cambio desde fuera del gobierno.
Mientras el sistema político y electoral en México permita que en la Elección Presidencial el ganador sea el que obtuvo una mayoría simple; los gobiernos enfrentarán esta crisis de legitimidad sexenio tras sexenio; y es que en el pasado proceso electoral la mayoría de los ciudadanos (31 millones y medio de mexicanos) no votaron a favor de Enrique Peña Nieto. He aquí el reto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene a su cargo la calificación de la Elección Presidencial. Y retomando a Webber, la legalidad otorga legitimidad al poder, pero no todo poder legal es legítimo.
