Juez admite amparo contra unión Televisa-TV Azteca mediante Iusacell
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La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) presentó un amparo y solicitó la suspensión del acto de autoridad consistente en la aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) de la alianza Televisa y TV Azteca a través de Iusacell
Grupo Fórmula informa que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) presentó un amparo y solicitó la suspensión del acto de autoridad consistente en la aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) de la alianza Televisa y TV Azteca a través de Iusacell.
Con el apoyo de la organización Litiga Ole (experta en materia de litigio estratégico) la Amedi señaló que su intención es “proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios…”.
A través de un comunicado de prensa, emitido por Iusacell señala que la protección de la justicia que se demanda es “en contra de la autoridad que consintió una concentración de medios inédita en las democracias modernas.”
Asimismo, reconoció el destacado papel que en estos temas ha asumido el Poder Judicial, como un contrapeso a las decisiones erróneas y autoritarias del Poder Ejecutivo; la pasividad, omisión y complicidad para con las televisoras del Poder Legislativo, y los intentos recurrentes de abusos por parte de los poderes fácticos de la comunicación.
El amparo promovido fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en contra de la resolución de la Cofeco, por lo que también se solicitó la suspensión de oficio de ese mismo acto por afectar de manera irreparable el derecho a la información al permitir una concentración sin precedentes.
La Amedi sostiene, “y por eso reclama la protección de la justicia”, que con su resolución los comisionados de la Cofeco violaron la Constitución, la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento, así como mecanismos de derecho internacional que al ser firmados por el Estado forman parte del régimen jurídico mexicano, y está obligado a su cumplimiento.
Con esta decisión la Cofeco configuró un monopolio convergente con la única intención de enfrentar al monopolio de las telecomunicaciones de este país, pero con ello “no protegió el interés público ni el bienestar de los consumidores, sólo el provecho privado de esas empresas.”
“La Cofeco pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico. Es cierto que de un mecanismo de competencia como la resolución de la Cofeco no se pueden extraer soluciones para todo el sector de la radiodifusión, pero de ninguna manera debe empeorar su concentración”, señala el documento.
Y considera que las condiciones que impuso la Cofeco no corrigen los efectos de la concentración Televisa-Iusacell. Por ejemplo, “no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación, tal y como establece la primera condición de la resolución.
En tanto, el Pleno de la Cofeco no se ha pronunciado sobre si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición de la Cofeco en materia de administración separada: “el Consejo de administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”.
