Quien se sirve de la ley, no sirve para vivir
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Ahora resulta que en la actualidad, ante la grave crisis de seguridad que enfrenta el país, los altos índices de violencia y diversos actos del crimen organizado que tienen amenazada a la sociedad, las autoridades gubernamentales en función osan no actuar con inteligencia para aplicar los recursos económicos existentes para combatir la lucha contra este problema, sino que le apuestan a protegerse con los guardias más especializados y lo peor de todo, a costas de los impuestos ciudadanos.
Porque ahora la realidad comienza a ser otra, ahora se sabe que algunos ex gobernadores de Puebla gozan del servicio de seguridad privada de forma gratuita, con recursos de montos y procedencia desconocida, pero que seguramente son extraídos de las finanzas públicas.
Lo anterior debido a que en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Puebla, de última hora se aprobó con 33 votos a favor la Ley de Seguridad Pública de Puebla en sus artículos 138 y 139 con la que los gobernadores en turno y ex gobernadores que lo soliciten tendrán derecho a 8 escoltas por un periodo de seis años, con una retribución mensual de 10 mil pesos.
Lo que significa que en los 12 años que comprenda su mandato y los seis años consecutivos, se invertirán unos 23 millones de pesos en seguridad por cada ex gobernador.
Después de este periodo, los ex gobernadores podrán elegir si continúan con este servicio que se reducirá a seis elementos y que podrá extenderse de manera vitalicia o si desisten del mismo.
Es decir, que serán 23 millones de pesos por cada uno de los ex gobernadores que lo soliciten, sin tomar en cuenta los gastos que genere cada uno de los guardias, puesto que también los recursos destinados para armamento, vehículos -mantenimiento y gasolina-, celulares y otros beneficios extraordinarios se cubrirán con otra partida presupuestal.
La realidad en esta materia es que no se sabe bien a bien, cuánto, quiénes, de qué partidas presupuestarias, el uso y los beneficiarios que resultan del gasto por escoltas de seguridad con que cuentan los ex funcionarios.
Lo único a favor de esta reforma a la ley de seguridad pública es que se transparentarán algunos de estos gastos y se rendirá cuentas a la ciudadanía sobre el uso que se le da a sus impuestos.
Ojalá que por lo menos, esta reforma recorte y controle los gastos abusivos de quienes en el pasado han gozado de estos privilegios sin medida alguna, y por el contrario, en el mejor de los casos se esclarezca quiénes no han considerado necesario sacar provecho de esa prestación.
El punto para reflexionar es, ¿vale la pena invertir más de 100 millones de pesos en el resguardo de los ex gobernadores del estado, o destinarlos para brindar seguridad a toda la sociedad poblana?, ¿por qué invertir tantos recursos en su resguardo sirviéndose de la ley y de los ciudadanos, siendo ellos servidores de los ciudadanos?
Finalmente, la ley ha sido aprobada por el Congreso del Estado, no obstante como ciudadanos responsables y contribuyentes cumplidos exigimos a las autoridades correspondientes saber cuánto y cómo se administrarán estos recursos, quiénes serán los beneficiados y bajo qué circunstancias se aplicará esta reforma de ley.
Sin dejar de lado que lo que realmente importa es aplicar los recursos del erario público en salvaguardar a la ciudadanía, en la ejecución de acciones estratégicas para la lucha contra el crimen organizado y los actos de violencia así como en la capacitación especializada y equipamiento necesario para recuperar el México seguro y competitivo que los mexicanos merecen.
*Ex candidato a diputado federal por el PRI Puebla
