Díaz Palacios propondrá retomar iniciativa para quitar fuero a diputados y senadores
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Tras considerar que el fuero constitucional del que gozan los senadores, diputados y otros servidores públicos ha provocado excesos de algunos representantes populares, el diputado federal electo del PRI por Teziutlán, Víctor Díaz Palacios, aseguró que propondrá a la fracción legislativa del PRI que retomen la iniciativa mediante la cual desaparecería el fuero a todos los integrantes del Congreso de la Unión
Tras considerar que el fuero constitucional del que gozan los senadores, diputados y otros servidores públicos ha provocado excesos de algunos representantes populares, el diputado federal electo del PRI por Teziutlán, Víctor Díaz Palacios, aseguró que propondrá a la fracción legislativa del PRI que retomen la iniciativa mediante la cual desaparecería el fuero a todos los integrantes del Congreso de la Unión.
Entrevistado al respecto, consideró que la garantía que ofrece la Constitución Mexicana a los diputados y senadores ha generado que algunos funcionarios públicos cometan excesos y no puedan ser juzgados y en su caso, enjuiciados por las leyes del país.
Díaz Palacios sentenció: “el fuero fue creado para que usted pudiera expresar en tribuna su sentir sin tener la preocupación de ser detenido; no para estacionarse en doble fila, pasarse los altos o violentar la ley”.
Puntualizó que de aceptarse la iniciativa y ser aprobada por el pleno del nuevo Congreso de la Unión, se tendrá que reformar el artículo 61 de la Constitución Política Mexicana la cual determina que los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República velarán “por el respeto al fuero constitucional de sus miembros”.
Cabe destacar que la desaparición del fuero se incluyó en la última reforma política que aprobó el Congreso de la Unión, pero sólo alcanzó el consenso en la Cámara de senadores, mientras que la Cámara de Diputados la desechó.
De esta forma, la reforma aprobada por el Senado eliminaba el fuero a todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluido el presidente de la República, con el objetivo de que pudieran ser sujetos a procesos penales cuando fueran acusados de algún delito, pero sin perder su inmunidad.
