Y el TEPJF falló
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Si algo ha caracterizado a este país en las últimas décadas, es el largo proceso de perfeccionamiento de nuestras instituciones electorales, en este caso el IFE y el TEPJF, la transición democrática del país sigue inconclusa y es que no ha sido suficiente la ciudadanización del IFE ni la profesionalización del Tribunal Electoral. Si bien es cierto, que en el año 2000 la alternancia en el poder ejecutivo posicionó al IFE como una institución confiable, la legitimidad y el reconocimiento a este organismo ciudadano muy pronto se vió mermado con las elecciones en 2006, donde convalidaron junto con el TEPJF un proceso electoral plagado de irregularidades; a pesar de ello, los entonces magistrados en sus pronunciamientos aceptaron que hubo elementos suficientes para considerar anular la elección, dado el papel intervencionista del ex-presidente Vicente Fox y el actuar de entes privados como el Consejo Coordinador Empresarial los cuales “pusieron en riesgo la validez de la elección”.
Nuevamente las elecciones de 2012 dieron muestra de las fallas e ineficiencias de nuestros organismos electorales destacando la calificación de la elección presidencial en donde los magistrados del TEPJF por unanimidad “fundamentaron” sin convencer su voto a favor de validar la elección que otorgaría a Peña Nieto la constancia de Presidente Electo. Cuidando la forma y olvidandose del fondo declararon invalidas todas y cada una de las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista y ante el asombro de todos dieron por hecho que no había culpabilidad de la coalición Compromiso por México respecto a la coacción y compra de votos. Los casos “Soriana” y “Monex”, no fueron suficientes para convencer a los magistrados.
En la resolución se da por hecho que la alianza que encabezaba el PRI y su candidato, no incurrió en ninguna falta, no hubo ni un asomo de sospecha por parte del Tribunal. Lo que millones de mexicanos observamos el día de la elección y los días posteriores se convirtió en un “mito genial” haciendo caso omiso al descontento ciudadano y coronando con su resolución una elección por demás irregular, para los magistrados las pruebas no fueron contundentes, como si la obligación de los demandantes fuera realizar las funciones que el Tribunal tiene por mandato constitucional que ejercer.
Con la calificación de la elección presidencial en los términos que ocurrió, los magistrados pasarán a la historia y serán cuestionados por convertirse en cómplices de un proceso electoral ilegítimo, sus resoluciónes serán revisadas una y otra vez para demostrar que la justicia electoral en México es ineficiente; el reclamo y la percepción social de un “fraude electoral de Estado” puede poner en crisis a las instituciones electorales y sin duda erosionarán la legitimidad del poder presidencial. Para Enrique Peña Nieto, puede ser el comienzo de un proceso de justificación de su gobierno que será complicado.
La declaración de Andrés Manuel López Obrador, de no aceptar el fallo del Tribunal y calificar a las instituciones como “víctimas de un secuestro”, sin duda tendrán repercusiones en la vida política del país. Esperemos al domingo 9 de septiembre en la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para conocer el posicionamiento del Movimiento Progresista y saber hasta dónde el plan de desobediencia civil llegará.
