Detenidos de Francisco Z. Mena denuncian que la SSP los torturó
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La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSP), a cargo de Ardelio Fosado Vargas, torturó a los 26 vecinos detenidos el martes pasado en Francisco Z. Mena, pues los agentes de dicha dependencia los golpearon, mantuvieron privados de su libertad –sin presentarlos ante el Ministerio Público– e incomunicados durante 20 horas, para después hacerlos rendir su declaración ministerial.
Además, la fuerza pública empleada para liberar la carretera bloqueada por los pobladores no fue la especializada en motines, sino una corporación que portaba armamento de alto calibre, sólo autorizado para el enfrentamiento de delincuentes y no para el sometimiento de turbas o control de manifestaciones civiles.
Lo anterior se desprende de los testimonios que ayer dieron las víctimas y algunos de los participantes en el cierre carretero que motivó la represión, quienes ofrecieron una rueda de prensa en la capital.
El pasado martes al menos 200 habitantes de Francisco Z. Mena –entre los que había niños– cerraron por varias horas el tránsito en la carretera estatal 101 en el kilómetro 50+500 del tramo que conduce de la junta auxiliar de Villa Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, hacia el municipio de Francisco Z. Mena.
La medida, explicaron este jueves en rueda de prensa algunos de los participantes en la movilización, se tomó a manera de represalia porque Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplió una minuta de acuerdo firmada por sus directivos el 1 de agosto en Poza Rica, Veracruz, por la cual se comprometían a iniciar el 6 de septiembre las labores de reparación de la vía de comunicación y otra infraestructura dañada por el tráfico constante de vehículos pesados de la paraestatal, mismos que laboran en el proyecto de la Cuenca de Aceite Terciario del Golfo de México, mejor conocido como Chicontepec.
Los vecinos aseguran que Martín Vargas Fosado, hermano del titular de la SSP, Ardelio Vargas Fosado, arribó al sitio del bloqueo y los amenazó con reprimirlos si no cejaban en la protesta.
Al filo de las 17 horas del 4 de septiembre llegó al lugar un contingente de al menos 150 policías estatales, pero no se trataban de elementos del cuerpo antimotines –que eran los adecuados según el protocolo de la dependencia, por tener equipo y entrenamiento para disuadir movilizaciones civiles–, sino efectivos armados con rifles y pistolas de alto calibre, quienes arremetieron en contra de los manifestantes, golpeándolos con las culatas.
En la refriega fueron detenidos 26 hombres y una mujer, a quienes subieron a las camionetas de la corporación y los colocaron boca abajo contra las bateas, mientras les propinaban golpes, patadas, escupitajos e incluso llegaron a subirse en sus espaldas, glúteos y piernas.
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