Nuevos Paradigmas en Transparencia y Rendición de Cuentas
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A diez años de las primeras legislaciones, entre ellas la federal, que dieron lugar al inicio del ejercicio del derecho de acceso al información publica en nuestro país, advertimos que nuestra actual coyuntura política, y económica, presenta condiciones propicias para crear un nuevo diseño institucional que aporte significativamente a la cultura de la transparencia y la legalidad, elementos fundamentales para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En esta última década, los institutos y/o comisiones de transparencia de los estados del país, sin duda, han hecho contribuciones para impulsar las políticas públicas y prácticas de gobierno que permitan avanzar en el régimen de transparencia, así como establecer los cimientos básicos para la construcción de un sistema integral de rendición de cuentas.
En este sentido, y en torno a las propuestas que recientemente se han dado a conocer por parte de diferentes actores políticos, el pasado 31 de agosto, todos los organismos de transparencia del país, sesionaron de manera extraordinaria en la ciudad de Guadalajara y, a través de la Conferencia Mexicana de Acceso al a Información Pública (COMAIP), adoptaron criterios en torno a estos temas de relevancia, proponiendo, entre otras cosas:
• Dotar a los órganos garantes de autonomía constitucional, tanto al órgano federal como a todas las entidades federativas.
• Otorgarles autonomía financiera con recursos suficientes para realizar sus funciones en condiciones favorables.
• Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que las entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes y que todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de información de oficio y garantías con altos estándares de calidad.
• Dar competencia a los órganos garantes de los estados y de la federación, para vigilar el cumplimiento de la Ley General y resolver recursos de inconformidad interpuestos en contra de todos los sujetos obligados de los tres poderes de del Estado y órganos autónomos. La única excepción a nivel federal, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que es la última instancia jurídica.
Aunado a lo anterior, en lo personal, y en mi experiencia a lo largo de estos años, considero que es necesario incorporar algunos otros aspectos para facilitar el derecho de acceso a la información pública:
• Establecer el sistema electrónico Infomex como la única plataforma a nivel nacional para realizar solicitudes de información y en caso necesario presentar recursos de revisión.
• Impulsar la creación de un centro de atención telefónica nacional para hacer solicitudes de información a cualquiera de los poderes y órdenes de gobierno.
• Construir una plataforma nacional de indicadores de gestión que permita medir los resultados y el impacto de las acciones de gobierno, de acuerdo a lo que establece la reforma constitucional de julio del 2007.
• Hacer efectiva en los tres órdenes de gobierno, la homologación contable que actualmente prescribe la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobada en 2008, enfatizando la obligación de rendir informes trimestrales del estado de guardan las finanzas públicas y especialmente cualquier tipo de pasivo.
• A fin de justificar el uso y destino de los recursos que aportan los contribuyentes, incorporar de manera explícita como sujetos obligados de la ley, a los partidos políticos, sindicatos públicos, así como a los fondos y fideicomisos públicos.
• Resulta indispensable que el IFAI amplíe su competencia legal, no solo ante el Poder Ejecutivo, sino también ante el Legislativo, Judicial -solo en la parte administrativa (Consejo de la Judicatura)- y ante los órganos autónomos constitucionales como el Banxico, IFE, INEGI, TRIFE, CNDH, etc.
• También es conveniente analizar la creación de un nuevo organismo descentralizado, no sectorizado, para que asuma la responsabilidad de vigilar por la protección de datos personales en posesión de particulares, debido a que, necesariamente, el IFAI ya no podría tener esa facultad al convertirse en un organismo autónomo constitucional, pues entrarían en colisión, competencias jurisdiccionales con las de carácter administrativo.
• Finalmente, sería deseable establecer la obligatoriedad del servicio profesional de carrera para la especialización del personal que labora en estas instituciones.
Por su transcendencia, es imprescindible que se realice un ejercicio de auscultación previo con organizaciones como la COMAIP, la Red por la Rendición de Cuentas que agrupa a más de 60 instituciones prestigiadas, así como con instituciones académicas, de tal manera que las reformas legales tengan el consenso social requerido.
Estas consideraciones pretenden aportar elementos de análisis ante las reformas anunciadas a nivel nacional por distintos actores políticos. La rendición de cuentas y la transparencia gubernamental, son parte del rostro democrático del poder que permite mantener la legitimidad institucional.
* Blanca Lilia Ibarra Cadena es Comisionada Presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP
