Irresuelto, un año después, caso de las bodegas clandestinas del OFS
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En vísperas de cumplirse un año del hallazgo de las bodegas clandestinas del Órgano de Fiscalización Superior, la Procuraduría General de Justicia sigue sin actuar en contra del exauditor Víctor Manuel Hernández Quintana y los implicados en el robo de documentación de las cuentas públicas de la administración marinista.
El titular del OFS David Villanueva Lomelí declaró que la PGJ aún no ha regresado las más de 6 mil cajas que fueron encontradas en bodegas clandestinas el 15 de octubre del 2011 que contenían, según trascendidos periodísticos, información confidencial de las cuentas públicas de Blanca Alcalá, Melquiades Morales y Mario Marín Torres. Además, hasta el momento, el organismo fiscalizador continúa sin informar cuáles han sido los avances de la pesquisa que le costó al ex auditor Hernández Quintana el cargo y la orden de aprehensión por delitos cometidos en la administración pública y otros ramos.
Villanueva dijo que en unos meses el organismo fiscalizador contará con las instalaciones y medidas de seguridad necesarias para albergar los documentos extraídos por órdenes del exauditor, Hernández Quintana, pues señaló que es necesario contar con un circuito cerrado para evitar que los documentos vuelvan a salir del organismo.
El 15 de octubre del 2011 el diputado Jesús Zaldívar Benavides —integrante de la Comisión Inspectora— encontró una bodega clandestina en San Lorenzo Almecatla en donde se escondían miles de cajas con información de las cuentas públicas de los ex gobernadores Mario Marín Torres y Morales Flores.
Unas horas después, la PGJ encontró una segunda bodega clandestina en pleno Centro Histórico en donde se encontraban otros cientos de cajas del OFS, en las que se presume también eran resguardados documentos de la cuenta publica de la expresidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruíz.
De acuerdo con información publicada por periódico Cambio —el pasado 24 de octubre— sumaron 10 mil las cajas que fueron extraídas del OFS para ser escondidas en bodegas clandestinas, aunque los legisladores sólo aceptaron que eran más de 6 mil.
La PGJ confiscó la documentación con el argumento de revisar los documentos y encontrar a los culpables por el trasiego de la información. Sin embargo no hay información sobre los avances de la investigación y los culpables del delito.
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