Piden a CIDH evitar destrucción de boletas electorales de 2006
joomla.2009
El académico Sergio Aguayo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que sean destruidas las boletas de la elección presidencial de 2006
ADN Político informa que el académico Sergio Aguayo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que sean destruidas las boletas de la elección presidencial de 2006.
El profesor-investigador de El Colegio de México argumenta que aún está en proceso su litigio para poder acceder a los documentos, e invoca su derecho a la información para consultarlos.
Aguayo solicitó a la CIDH -dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y encabezada por el mexicano Emilio Álvarez Icaza- emitir medidas cautelares en contra del procedimiento para destruir las boletas, cuyo plazo está previsto a más tardar para el próximo 3 de diciembre.
El Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el pasado 3 de octubre destruir la papelería utilizada en los comicios de 2006, en los que Felipe Calderón ganó por un margen por 0.56%, esto es alrededor de 250,000 sufragios más que Andrés Manuel López Obrador, quien pidió un recuento voto por voto y desconoció el cómputo oficial.
El académico solicitó al IFE acceso a la documentación, pero el órgano se lo negó por lo que interpuso una demanda de amparo que también fue rechazada, debido a lo cual Aguayo presentó ante la CIDH la petición P-219-10, misma que está pendiente de resolución.
La CIDH ya otorgó en julio de 2008 medidas cautelares para que se suspendiera la destrucción del material, pero en noviembre de 2011 levantó las mismas, como parte del litigio que mantiene el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para tener acceso a las boletas.
El IFE conserva desde 2008 los paquetes electorales de 2006 en 32 bodegas resguardadas por el Ejército y la Armada; según el órgano electoral, esto ha tenido un costo de más de 550 millones de pesos, con un gasto de más de 12 millones cada año tan sólo en la renta de las bodegas.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ordena la destrucción del material electoral una vez finalizado el proceso.