¿La Transparencia es real?
joomla.2009
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, apenas tiene 10 años desde su publicación, la cual garantiza al ciudadano conocer y preguntar sobre el quehacer público de las instituciones que él mismo financia a través de sus impuestos.
A partir de ahí se han publicado leyes estatales en materia de transparencia, algunas avanzadas y otras simplemente por cumplir políticamente dejando grandes vacíos, para poder continuar con las viejas prácticas y operar en la opacidad.
Esto viene al caso, ya que desde que se empezaron a comentar las posibles reformas a la Ley Federal del Trabajo se ha hablado constantemente y cual “manzana de la discordia” sobre la transparencia a sindicatos y a partidos políticos.
El reclamo ciudadano por un gobierno eficiente, eficaz depende del compromiso de cada gobierno por transparentar sus acciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con los recursos públicos.
De acuerdo con la Ley de Transparencia son sujetos obligados; el Poder Ejecutivo, la Administración Pública Federal, PGR, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Autónomos, hoy se analiza que también sean sujetos obligados; es decir, quienes tendrán que responder ante la Ley, los sindicatos y partidos políticos.
La propuesta es viable y necesaria, ya que el financiamiento de los partidos políticos proviene en su mayoría del erario público que año con año el IFE les destina para su funcionamiento, así como de aportaciones de militantes, lo mismo pasa con sindicatos que perciben recursos públicos para su operación así también como cuotas sindicales. Ambas entidades tienen la obligación con los ciudadanos de transparentar los recursos financieros que les han sido entregados por parte de la Federación o gobiernos locales. Sin embargo; no sólo se debe voltear a estos organismos, también hay que transparentar a organismos privados, organizaciones civiles y hasta religiosas que también perciben recursos públicos, aunque algunos son creados sin fines de lucro, si afectan el patrimonio del Estado y deben rendir cuentas por sus acciones.
Así también se acaba de aprobar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como propósito transparentar el gasto público en todos los órdenes de gobierno, y que trabaja en dos vertientes, una que la ciudadanía pueda tener un mejor acceso a la información vinculada con el gasto público; y que también los Órganos Fiscalizadores locales puedan tener las mismas reglas y así eficientar la transparencia.
La creación o modificación de leyes no sólo deben ser buenas en el papel o para incrementar puntos en las evaluaciones externas, sino deben ser un consenso entre el gobierno y la sociedad para que no se conviertan en simples mecanismos para fomentar la opacidad gubernamental. También se debe fomentar la cultura del acceso a la información, ya que de nada sirve tener los portales de las dependencias repletas de información que nadie consulta. Así como hacer conciencia en los ciudadanos que el gobierno es quien nos debe rendir cuentas y que estas sean reales y veraces.
