Otro Presunto Culpable: Hugo Sánchez, joven mazahua
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Se llama Hugo Sánchez. Tiene 23 años. Hace no mucho, él y otros reos del penal de Santiaguito, en el Estado de México, vieron juntos el documental Presunto Culpable, con el cual llegó a la pantalla grande —y a los ojos de miles de espectadores— la historia de José Antonio Zúñiga, mejor conocido como Toño, quien tras dos años y medio de encierro en el Reclusorio Oriente, acusado injustamente de homicidio, logró recuperar la libertad.
—Yo también soy presunto culpable — dijo Hugo a través del auricular de un teléfono de tarjeta desde el penal, levantando la voz a causa del eco de gritos y risotadas que se colaban por la línea. —Me gustaría que todos los casos se llevaran así como el de Toño —continuó— porque aquí hay bastantes casos parecidos: de cien, yo diría que unos ochenta están injustamente, pero como sufrimos de economía, no tenemos para pagar al juez.
Mientras habla, podría estar encorvado, tratando de crear con su cuerpo algo de vacío que aísle sus palabras para que se escuchen con la misma claridad que su convicción de que en este país, la pobreza es el mayor obstáculo para alcanzar la justicia. Este joven mazahua lo ha sentido en carne propia. Su proceso está plagado de irregularidades y, aún así, fue condenado —sin pruebas fehacientes— a un total de 42 años y 6 meses de prisión por los delitos de secuestro y portación de armas, de índole estatal y federal, respectivamente. Las anomalías son tantas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó atraer su caso en octubre de 2011.
—¿Por qué estoy aquí sin haber cometido un delito? ¿Qué hice tan mal como para estar pagando en un lugar tan feo como éste? —se pregunta cada día, desde hace casi cuatro años, tiempo que lleva recluído, apartado de la que solía ser su vida. La de ahora en la cárcel, dice, es una lucha cotidiana por creer que el futuro todavía es posible para él.
EL EPISODIO DEL TAXI
Hugo Sánchez, de 23 años, es originario de la comunidad Barrio de San Antonio, ejido El Depósito, municipio de San José del Rincón, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Toluca. Aunque su apariencia es la de un chico urbano (usa gorra, playera y tenis) pertenece a una familia campesina de la etnia mazahua, grupo indígena mayoritario en el Estado de México.
Los sucesos que de golpe cambiaron su vida ocurrieron en el verano del 2007 cuando estaba por cumplir los 19 años. Para apoyar con los gastos a su familia, Hugo tenía poco más de dos meses manejando el taxi de su padre. Aunque sólo había concluido la secundaria, tenía planes de volver a la escuela tan pronto le fuera posible.
La noche del 21 de julio, mientras cumplía con un servicio colectivo, como es costumbre en la región, una camioneta de la policía de Villa Victoria, municipio cercano al suyo, le cerró el paso al hacer una parada en la comunidad El Catorce. Dos pasajeros huyeron, dejando una mochila dentro del auto. Entonces, sorpresivamente, los agentes dispararon contra el Tsuru blanco. Hugo y dos pasajeros más que iban abordo, fueron sometidos violentamente en el lugar y trasladados por separado al Palacio Municipal donde siguieron las irregularidades.
—Nos empezaron a torturar —relata Hugo— donde me amenazaban que si no decía que me dedicaba a secuestrar iban a agarrar también a mi familia. Me pusieron contra una pared y me sacaron varias fotos. Luego, hacen que agarremos unos letreros, los cuales desconozco qué dicen, hasta que caí que los letreros decían que pues yo me dedicaba a secuestrar.
—La versión de los agentes es distinta —explica Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh Juárez, organización que desde mayo de 2011 asumió la defensa de Hugo— supuestamente, dicen, transitaban en el taxi en “actitud sospechosa”, por eso ellos afirman que hicieron la parada al taxi y al no hacer caso dispararon, eso es lo que afirman los policías.
Casi doce horas después de su detención, Hugo Sánchez, Raúl Martínez y Manuel Mendoza fueron presentados ante el Ministerio Público. Les imputaron portación de armas y cartuchos. Hugo y Raúl salieron bajo fianza y Manuel, quien por falta de recursos no pudo ejercer ese derecho, fue exonerado más adelante —ya internado en el penal de Santiaguito— por inconsistencias, cuando unos agentes intentaron acusarlo también de un secuestro.
Hugo y su familia creyeron que el mal trago había pasado, pero lo peor estaba por venir. —Las fotografías que le fueron tomadas —acota Leopoldo Maldonado— esas fotografías obtenidas de manera ilícita por policías ministeriales, fueron usadas en su contra en otro proceso.
LA SORPRESA
Antonio Sánchez, hombre de sombrero y manos recias por el trabajo en el campo, se sintió molesto y triste cuando encontró a su hijo detenido. —Estaba golpeado y muy espantado —recuerda. Rápido se movió en su pueblo y, con ayuda de familiares, pidió prestado para juntar los 8 mil pesos que necesitaba para que Hugo pudiera salir bajo caución.
Ya con su hijo libre, a Don Antonio se le ocurrió ir a reclamar a la presidencia municipal de Villa Victoria por los daños hechos a su taxi, baleado por los agentes que detuvieron a Hugo, y desvalijado, además. —Les dije que la golpiza que le habían dado a mi hijo ya no se podía quitar pero que sí quería las cosas que tenía en mi carro —cuenta.
Tres veces le dieron largas. A la cuarta se decidió a interponer una denuncia que acudió a presentar junto con Hugo a las instalaciones municipales de Villa Victoria. Era el 8 de agosto de 2007, una fecha imborrable para Hugo y su familia.
—La sorpresa mía fue que entre 10 y 15 minutos llegó un policía judicial que le enseñó a mi hijo una charola y le dijo que estaba detenido por secuestro —recuerda Don Antonio, con los ojos bien abiertos y un gesto de incredulidad. —Yo le pedí y le exigí que me enseñara una orden de aprehensión que dijera quién lo acusaba. Me dijo que ya iba a llegar el documento por fax y enseguida llegó. Entonces, nos juntaron como unas 6 u 8 patrullas municipales y como 4 carros de judiciales como si nosotros fuéramos unos grandes delincuentes.
CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
Hugo fue inculpado del secuestro de dos menores quienes, bajo presión, dijeron identificarlo, de 15 años en ese momento. Ambos habían sido privados de la libertad cinco meses antes, la noche del 10 de marzo de 2007, presuntamente en Villa Victoria. Al mismo tiempo, Hugo y su familia volvían a su pueblo, procedentes de la Ciudad de México, para preparar la llegada de su abuela Isidora, quien fallecería el 14 de marzo, luego de pasar unos días internada en el Hospital General.
Los entonces adolescentes fueron liberados tras el pago de un rescate. En sus primeras declaraciones dijeron no poder reconocer a sus agresores. Transcurridos cuatro meses, justamente al día siguiente de la primera detención de Hugo y de dos de los pasajeros que llevaba en el taxi, agentes ministeriales se presentaron en el domicilio de una de las víctimas con las fotografías que les habían sido tomadas a los tres portando carteles inculpatorios. Los agentes le pidieron a la joven que los identificara como sus posibles secuestradores.
—Esto se llama “criminalización de la pobreza” —afirma el abogado del Centro Prodh, Leopoldo Maldonado— ante la alta incidencia delictiva, sobre todo en delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y violación, se busca fabricar culpables, sobre todo de los estratos mas empobrecidos.
LO ABSURDO
Han pasado más de cuatro años desde entonces. Rosalba Ramírez se seca las lágrimas con el rebozo blanco de su vestimenta tradicional mazahua, mientras cuenta que todos los días busca al segundo de sus seis hijos en la mesa a la hora de la comida. La madre no se aguanta el llanto; el padre intenta contenerse pero se quiebra al escuchar a su esposa.
—Él le ayudaba a mi esposo a trabajar para que el hijo mayor estudiara —dice.
Rosalba recuerda, casi fotográficamente, una de tantas audiencias, cuando los dos jóvenes — quienes acusaron a su hijo de secuestro— se carearon con él.
—La muchacha, antes de llevar a cabo la audiencia, se puso a llorar mucho, mucho y no quería hablar —cuenta. —Ella, llorando nuevamente, me dijo perdóneme, discúlpeme, a lo mejor me equivoque, le pido perdón pero él no fue, yo lo dije así porque a mí los judiciales me dijeron que dijera eso.
León, por su parte, declaró: “Yo no lo vi, simplemente mi compañera me dijo que fue él”. Esto, durante las diligencias que se llevaron a cabo en diciembre de 2008 para confrontar los testimonios de familiares y vecinos, quienes aseguraron que Hugo se encontraba en su comunidad cuando ocurrió el secuestro.
Pero ni los testimonios, ni la retractación de las víctimas fueron suficientes. El 23 de marzo de 2009, el Juez Sexto Penal de Primera Instancia con sede en Toluca, Maximiliano Vázquez, dictó sentencia contra Hugo y, tras la apelación presentada por sus padres, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, confirmaron la misma, el 6 de julio de 2009.
—La mera verdad yo nunca los había visto —dice Hugo desde su encierro. —Aun así me sentenciaron, ahora sí que injustamente, pagando un delito que nunca conocí.
El juez avala por el simple dicho de una foto —subraya.
En el caso de la acusación de portación de armas ocurrió lo mismo. El 30 de julio de 2008, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Fernando Alcázar, dictó sentencia contra Hugo. La apelación presentada por sus padres fue también desestimada por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Distrito con sede en el Estado de México, con lo cual la sentencia fue confirmada el 16 de octubre de 2008.
—Yo sentía, decía, hasta aquí llegué —recuerda Hugo.
LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
El 19 de octubre de 2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso de Hugo Sánchez.
—Para nosotros es un gran logro —dice Rosalba Ramírez, madre del joven. —Lo veíamos difícil, en el sentido de que nosotros somos indígenas, de lengua mazahua y nosotros no conocemos de leyes.
A finales de enero pasado, la SCJN anunció que Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo Ortiz Mayagoitia serán los ministros ponentes del caso, el primero para la acusación de secuestro y el segundo para la de portación de armas de uso exclusivo del Ejército (amparos directos 4/2011 y 5/2011, interpuestos por la familia de Hugo y el Centro Prodh)
—Además de restituir en su libertad a Hugo —explica Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Prodh— los ministros tendrán la oportunidad de sentar precedente para que este tipo de casos se frenen por su carácter sistemático. Por ejemplo —dice— en el caso de la imputación de secuestro está el tema de la ”inmediatez procesal”, un criterio nocivo asumido por el Estado Mexicano, particularmente por los jueces en material penal, en el cual se da prioridad a las primeras declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, sobre las que puedan rendirse después ante el juez. Otro tema es la identificación de personas mediante fotografías —en este caso tomadas de forma ilícita— por lo que se podría establecer la invalidez cuando las pruebas sean obtenidas mediante la violación a derechos humanos. Finalmente, en el tema de las armas, está el criterio de “actitud sospechosa”, para detener arbitrariamente a personas y que responde a criterios discriminatorios.
No hay un plazo establecido para que los ministros de la Corte resuelvan el caso. La defensa de Hugo Sánchez, calcula que el fallo podría darse entre 2 ó 3 meses.
—Tener a mi hijo en el reclusorio detenido y de un delito que no cometió para nosotros sí es mucho en lo moral —dice Don Antonio. —A esta altura yo me pregunto una palabara: phoxte, que para nosotros es ayudar, es apoyar. Eso es lo que según los gobernantes piden y nosotros a cambio, ¿qué estamos recibiendo? ¿A dónde está la justicia que nos dicen?
