Sigue cobro de cuotas para ingresar al Cereso de Puebla
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A pesar de que el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, afirmó que la corrupción en los penales de Puebla se erradica desde el inicio de la presente administración, en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel persiste el cobro de cuotas para permitir el ingreso y continúan los privilegios para internos peligrosos, así como una tarifa para todas las actividades administrativas y legales al interior del centro de reclusión.
A una semana de que familiares, internos y custodios denunciaran esta corrupción y a siete días de que el funcionario estatal anunció una investigación sobre los hechos, El Sol de Puebla constató este domingo que las prácticas continúan sin que exista la mayor supervisión sobre el desempeño de los custodios.
Ingresar al penal de San Miguel dejó de ser un trámite engorroso e imposible, ya que con la cuota básica de 20 pesos, cualquier persona tiene acceso al patio o al área de locutorios.
Litigantes y familiares de los internos gastan en promedio entre 50 a 100 pesos para el pago de dádivas a los agentes penitenciarios. El dinero les sirve para agilizar los trámites o contar con ciertos privilegios para pasar un día normal en compañía de los internos.
Desde el ingreso todo tiene precio. Cualquier razón es suficiente para detener a quienes desean pasar y pedir la cuota respectiva.
Este reportero ingresó al área de locutorios pese a carecer de documentación que avalara estudios en Derecho. Un billete de 20 pesos colocado debajo del libro de visitas fue suficiente para cambiar la postura reacia de los custodios, que inicialmente se negaban a permitir el acceso como lo establece el reglamento del penal.
El pantalón de mezclilla descosido de un litigante fue motivo para que le negaran el paso en el cuarto de control aduanal. El hecho frustró la visita de rutina que haría a algunos de sus clientes por carecer de efectivo: “mejor regreso mañana, hoy no tengo para ofrecerles una lana”, indicó, tras retirarse del recinto.
Después de sortear otra revisión y estampar firmas en un segundo libro, otro litigante prepara su cuota de 20 pesos para dárselos a los custodios que llamarán a sus clientes, con quienes hablará sobre el avance de sus procesos judiciales: “si no les das nada tardan horas para llamar a los internos, así se agiliza todo”, refiere el abogado, mientras se acomoda en uno de los asientos frente a uno de los múltiples letreros colocados para inhibir la corrupción.
De inmediato, los agentes aludidos llaman a los internos y hacen comentarios con un dejo de desidia: “qué bueno que llegó mi lic. Usted es el primero que viene. A ver si nos persigna, porque no hemos ni desayunado”.
Para quedar bien con los custodios, los litigantes no tienen cuota. Una botella de dos litros de Coca Cola y cuatro vasos fueron suficientes para permitir sin contratiempos el diálogo entre reos y abogado.
La compra de este producto se hizo en uno de los negocios ubicados en el área conocida como VI -Visita íntima- y tiene un costo de entre cuatro o cinco pesos superior a lo que cuesta afuera del reclusorio.
Los litigantes tienen la opción de entrar o pedir que algún interno les lleve hasta los locutorios la mercancía. En cualquiera de ambas posibilidades en el pasillo entre los locutorios y la VI los internos se encuentran con altares dedicados a la Santa Muerte, con gran número de fieles en San Miguel.
EL HOTEL MÁS CARO DEL MUNDO
Para abogados e internos, la corrupción en el centro penitenciario es una práctica normal para realizar su trabajo o sobrevivir.
Los entrevistados reconocieron que la publicación realizada el lunes pasado por El Sol de Puebla de poco sirvió para frenar las actividades comunes de los custodios y confirmaron que tampoco se observan visos de alguna investigación.
En el que llaman “el hotel más caro del mundo” continúa los sobrecostos de medicamentos, la deficiente atención médica, la prostitución de internas y de sexoservidoras provenientes del exterior, así como los privilegios para algunos internos.
Tener lujos en el centro de reclusión oscila entre los 3 mil 500 hasta los 5 mil pesos mensuales por celda acondicionada:
“Hay reos que incluso cuentan con yacuzzi y otros que tienen en sus celdas pantallas de plasma y televisión por cable”, indicó un interno.
La prostitución se da lo mismo en el VI que en unas carpas acondicionadas en el patio central. En los dos lugares, el costo de permanencia es desde los 20 hasta los 200 pesos, según el tiempo deseado: “se puede contratar un cuarto o una caseta desde 15 minutos hasta el tiempo que se requiera”.
Un abogado refirió que en ocasiones busca a una de sus clientas y los internos refieren que está en el patio: “después me enteré que ofrecía servicios sexuales para hacerse de un dinerito. Ahora cuando me dicen que está en el patio entiendo a qué se refieren”.
Ya sea con sus parejas habituales o con una prostituta, el ingreso a la visita conyugal está precedido de una inyección anticonceptiva, aunque las mujeres no la requieran: “no quieren embarazos en San Miguel. Algunas mujeres refieren que son alérgicas al medicamento y ellas de plano no pasan”, argumentó la familiar de un interno.
Y en este entorno, son las mujeres quienes sortean los mayores excesos por parte del personal del penal: “cualquier pretexto es suficiente para que las custodias te toquen los senos, te hagan preguntas indiscretas o te vean de manera lasciva, algunas son bien marimachas”, insiste una joven litigante.
Al respecto, es de resaltar que el viernes pasado la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro, publicó el libro “Mujeres privadas de su libertad ¿Mujeres sin derechos?, texto en el que se revela que 49 de cada 100 mujeres recluidas en algún centro de readaptación social ha sufrido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.
Según este reporte, las violaciones van desde no tener acceso a la visita conyugal hasta los abusos sexuales dentro de los penales, torturas y falta de servicios de salud, así como toma obligada de anticonceptivos.
El lunes pasado, El Sol de Puebla publicó las denuncias que daban cuenta de los actos de corrupción, en las que se señala al jefe de custodios, Luis Renato González Ochoa y a la jefa de Servicios Médicos, Sofía Esparza Quiroz, como los presuntos responsables.
Un día después, Ardelio Vargas, titular de la SSP, afirmó que se iniciaría una investigación, pero el viernes pasado indicó que estas prácticas se erradican desde el inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
