Diputados congelan iniciativas a favor de la diversidad sexual en Puebla
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Aunque al final las autoridades de procuración de Justicia acaben determinando que los seis homicidios de homosexuales ocurridos este año en Puebla –entre ellos el de la activista Agnes Torres– fueron por cuestiones “pasionales”, en realidad se trata de crímenes de odio, como parte de un clima de intolerancia y violencia, del cual tiene mucha responsabilidad nuestra actual clase política que le apura más endeudar a la entidad poblana, perseguir periodistas o embargar a pequeños contribuyentes que deben la tenencia vehicular, que en proteger los derechos humanos y a las minorías sociales.
Si algo caracteriza a nuestros actuales gobernantes y legisladores en Puebla es su desdén por el tema de los derechos humanos, el cual no está entre sus prioridades y no existe la más mínima intención de que esté en los próximos años.
Una muestra de lo anterior es que a principios 2011 el Senado de la República hizo la reforma en materia de derechos humanos más importante de los últimos 25 años, que entre otros avances, establece que el Estado mexicano tiene la obligación de evitar que en el país se discrimine por “preferencias sexuales”. Ese cambio es la hora que en Puebla no se acepta bajo los argumentos más irracionales.
En febrero de 2011 hubo el primer intento de que en Puebla se estableciera dicha modificación en el artículo 11 de la Constitución local y la respuesta, es que ese tema estaba vetado en el Congreso local. Por ese motivo los legisladores del PRI, del PAN, el Panal y de manera más vergonzosa los del PRD, frenaron cualquier reforma en ese sentido.
En aquella ocasión trascendió que se les indicó a los diputados locales que no se permitiría que fuera abordado el tema para evitar que se enojara el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, así como los líderes del Yunque y otras organizaciones de la derecha poblana.
Hasta el presente, ese asunto sigue sin pasar en el Congreso local, pese a que en el Senado de la República la reforma en cuestión fue aprobada por 58 legisladores, quienes derrotaron a los 34 integrantes del PAN, encabezados por el poblano Jorge Ocejo Moreno, que se escandalizaron por incluir el término “preferencia sexual” en la carta magna del país.
Ahí no termina todo. Desde la pasada legislatura local una de las iniciativas que se quedó en la llamada “congeladora” fue un conjunto de proyectos contra la discriminación en general y a favor de la diversidad sexual que presentaron legisladores del PRD y el Partido del Trabajo, y que de manera timorata apoyaron algunos miembros de la bancada del PRI, el cual es un partido que cada vez pierde su ideología liberal y se parece más al PAN.
Tal situación plantea que a los diputados, miembros del Poder Ejecutivo y al arzobispo les escandaliza más el uso de palabras “diversidad sexual”, que otros temas, como el del sacerdote Nicolás Aguilar, quien sigue prófugo de la justicia tras ser acusado de violar docenas de niños de Puebla y Estados Unidos, y del quien nadie habla ni intenta que se esclarezca por qué a lo largo de dos décadas ha recibido protección oficial para no ser encarcelado.
A principios de la actual Legislatura local se presentaron iniciativas a favor de las preferencias sexuales, contra los feminicidios y contra la discriminación. Es la hora, un año después, que esos proyectos no son objeto de discusión, análisis y están en el olvido.
En cambio, para que el gobierno del estado obtenga un financiamiento de 7 mil millones de pesos, que incluye un endeudamiento de por lo menos dos mil millones de pesos, los diputados solamente se tardaron tres días; sin importar que ello implique un posible daño a las finanzas públicas para las próximas dos décadas y media.
Para que los delitos de prensa dejaran de ser del ámbito penal y pasen al civil, que implica la posibilidad de quebrar económicamente a periodistas y medios de comunicación con las sanciones que impongan los juzgados, los miembros del Poder Legislativo no se tardaron más de 15 días.
De igual forma, para autorizar el espionaje en conversaciones privadas y que se permita cateos sin orden de un juez, fue un asunto que tardó en resolverse unas semanas.
Para embargar a los pequeños contribuyentes que no han pagado la tenencia vehicular o los impuestos locales, también fue asunto de días.
Es decir, nuestra clase política tiene más prisa por eliminar libertades y garantías, en endeudar al estado de Puebla, que en fortalecer las libertades y los derechos humanos.
A nuestros políticos les preocupa más que se despida a trabajadores de diversas dependencias, que se desaparezcan organismos públicos que son vitales para la vida democrática y equitativa de una sociedad que proteger las garantías constitucionales y las minorías sociales.
Por eso es posible que tengamos un diputado como Héctor Alonso Granados, que hace gala de su homofobia y violencia contra periodistas, y nadie hace nada contra eso. Al revés, a la mayoría de los diputados les causa gracia la actitud de ese político del Partido Nueva Alianza.
Dicho de otra forma, estamos viviendo una época de odios. Por eso a nuestros políticos locales no les acongoja los asesinatos de homosexuales, los problemas de las etnias del estado y que en México, como nunca, se mata a tanta gente en plena luz del día y con absoluta impunidad.
