Presidente del TSJ, David López, enfrenta demanda por tráfico de influencias
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El presidente del Poder Judicial de Puebla, David López Muñoz, enfrenta una demanda por presunto tráfico de influencias, junto con otros dos magistrados, el cual es un proceso que muestra el grave deterioro en que se encuentra el sistema de administración de la justicia en Puebla, ya que el asunto lleva nueve años sin resolverse, como consecuencia de dilaciones y de una serie de obstáculos que rayan en la ilegalidad, mismos que no son objeto de sanción alguna.
El próximo viernes, por enésima vez, una instancia colegiada del Poder Judicial analizara el caso, correspondiéndole a la Cuarta Sala de lo Civil, luego de un tortuoso camino, que incluya que en tan sólo una ocasión tuvieron que pasar ocho meses para que los afectados esperaran el fallo acerca de una solicitud de amparo.
Dicho asunto muestra cómo existe una red de complicidades para proteger a miembros del Poder Judicial cuando se ven involucrados en decisiones que pueden caer en el terreno de la ilegalidad o de responsabilidad.
La historia de este asunto es la siguiente:
A principio de la década pasada, bajo el expediente 188/1996 del Juzgado Primero de la Civil, se publica un edicto, en el cual se pone en remate un inmueble de la avenida Juárez, de la ciudad de Puebla, marcado con el número 2928. Una mujer tiene el dinero que estableció el juzgado y lo adquirió, respondiendo al ofrecimiento respaldado por una instancia judicial. Es decir no incurrió en ningún tipo de delito o abuso.
De esa forma, el juzgado le otorga a la mujer el inmueble el 20 de febrero de 2002, el cual lo perdió el entonces Banco Internacional SA. Sin que hubiera un impedimento legal, la beneficiaria por esa operación procedió a vender la propiedad. Ya que el juez le otorgó la escritura de adjudicación.
19 meses después de que la mujer adquirió el inmueble, en septiembre de 2003, mediante el toca de apelación 637/2003, los magistrados de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), formada por los magistrados David López Muñoz –el actual presidente del Poder Judicial–, Álvaro David López Rubí y Saúl Acosta Hernández, dejaron sin efecto la adjudicación del inmueble, pero además establecieron que la nueva propietaria regresara el dinero y el inmueble, sin importar el daño que eso le provocaba.
De esa forma, fallaron a favor del banco involucrado.
Es decir, la certeza jurídica de acudir a un remate convocado por un juzgado, y que este otorgue una escritura, quedó pisoteada.
A partir de este hecho se desató una serie de irregularidades que muestran las deficiencias del sistema de administración de la justicia. Estas son:
1. Los magistrados niegan ser magistrados. La afectada consideró que los magistrados incurrieron, con su fallo, en responsabilidad administrativa y civil, ya que le causaron un grave daño económico. Por esa razón, bajo los razonamientos de los artículos 1962 y 1976 del Código de Defensa Social, así como del 108 a 114 de la Constitución, en donde se establece que el Estado debe responder por los daños causados por servidores públicos, la mujer presentó una demanda contra los tres integrantes del TSJ.
El asunto es que los magistrados comparecieron ante Juzgado Octavo de la Civil –donde se desahogó el expediente 458/2006– como si fueran unos simples abogados, sin ostentarse como magistrados, como una manera de que se declarar desierta la prueba de que eran servidores públicos provocando un daño.
2. Se quiso dictar prescripción antes de tiempo. Otro problema, es que uno de los jueces que conoció del caso quiso desechar la demanda bajo el argumento de que ya había prescrito la anomalía denunciado, cuando todavía no pasaban los tres años que marca el artículo 114 de la Constitución en la cual se marca el plazo en que un asunto ha fenecido por el paso del tiempo.
3. No estudian la falta de personalidad de los magistrados. Cuando le niegan a la afectada la procedencia de la demanda contra los magistrados, bajo la asesoría del abogado Javier Tay Saenz de Miera la empresaria involucrada en este asunto, apela mediante la toca 1065 /2007 en la Segunda Sala de Materia Civil, pero los magistrados desechan el caso sin entrar a estudiar el fondo del asunto.
4. Ocho meses para fallar una sentencia de amparo. Contra la sentencia de la Segunda Sala de Materia Civil, ahora la agraviada pide un amparo ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el expediente D–259/2008.
La solicitud de amparo se presentó en junio de 2008 y luego de ello, pasaron las semanas, los meses, sin que ocurriera nada.
En dos ocasiones la demanda se programó para ser discutida y sin que mediara alguna razón de peso, la pospusieron.
Al final, el amparo se lo niegan a la mujer a través de un fallo emitido en enero de 2009, sin que hubiera una justificación de por qué se tardó ¡ocho meses! en ser emitida la resolución.
5. Va por una nueva revisión. Otro juez que ha conocido el caso, ahora dice que la demanda no reúne la característica de ser una demanda. Una función que no le corresponde determinar. Ya que un juzgados solamente emite sentencia con base o no a la presentación de pruebas.
Por esa razón el caso será analizado el viernes por la Cuarta Sala de lo Civil y todo amenaza que el asunto se prolongará por semanas por meses.
¿Y la justicia pronta y expedita de que se habla en la Constitución?
¿La modernidad del TSJ de la que tanto habla el actual presidente del Poder Judicial?
Queda claro que nada de eso existe en el Poder Judicial de Puebla.
