Insuficiente y limitado, Plan Operativo Popocatépetl: especialista
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En el valle de Puebla, la posibilidad de vivir una contingencia es permanente. El Popocatépetl está activo y se considera como uno de los 10 volcanes más peligrosos en todo el mundo.
La razón –coinciden expertos, académicos y autoridades– no estriba en el número de eventos explosivos con gran amplitud que registra, sino en la cantidad de población que yace a sus faldas.
Alejandro Rivera Domínguez, el vulcanólogo que se ha dedicado a monitorear formal o informalmente el coloso durante las últimas dos décadas, subraya que Don Goyo ha hecho valer esta condición en distintos momentos.
El último de ellos, arrancó hace mes y medio y sigue vigente; sin embargo apunta que el primer percance considerable de la historia reciente, se registró en diciembre de 1994, cuando el gobierno de Manuel Bartlett Díaz estuvo obligado a evacuar las comunidades más cercanas.
Recuerda que aquella, fue una maniobra realmente improvisada y una vez que pasó el peligro, se determinó crear un protocolo de respuesta en caso de una nueva eventualidad; lo que no ocurrió, sino hasta diciembre del 2000.
Dicho proyecto se denominó Plan Operativo Popocatépetl y a 18 años de su creación, el experto afirma que se mantiene como un simple manual de escape, donde no se consideran las consecuencias de un escenario tan devastador como el que podría ocurrir.
Subraya que el documento también carece de una visión humanista que tome en cuenta la cultura, las necesidades y la concientización sobre el impacto de un suceso como este para los afectados directos.
“Se desalojaron alrededor de 50 mil personas en aquella ocasión (1994) y no se tenía un plan. Todo fue improvisado. Hubo muchos problemas para albergar a la gente. Con base en esa experiencia, comenzó a diseñarse un plan que tuvo un problema conceptual de inicio: nunca tomó en cuenta a la gente”.
Entrevistado por Milenio Diario, explica que el plan sólo consta de actividades a desarrollar entre los niveles de autoridad local (gobierno del estado y municipios), para los momentos inmediatamente posteriores al inicio de una amenaza.
Agrega que los pobladores, en tanto, son tratados con una postura indirectamente autoritaria, al considerarlos como un elemento pasivo que solamente responderá a las instrucciones de los funcionarios públicos.
DELIMITA FUNCIONES Y ACTIVIDADES
Al hacer una revisión de la versión pública más reciente del Manual de Procedimientos para la Dirección del Plan Popocatépetl, mismo que se encuentra en el archivo digital de la contraloría estatal, se puede constatar que desde el principio el plan no tomó en cuenta a la gente.
El texto está fechado en el año 2010, último del ex gobernador Mario Marín Torres y fue directamente autorizado por el fallecido José Ramón Peña Melche, fundador y entonces titular del área.
De acuerdo con su introducción, la finalidad del plan es proporcionar “una visión completa de las diversas funciones y actividades que asume y desarrolla esta unidad”, así como una guía de ejecución de tareas para el personal involucrado.
Agrega que para lograr su mejor cumplimiento, se recomienda efectuar una revisión trimestral del escrito; “a fin de incluir las adecuaciones que surjan de los avances en el proceso de transformación de los sistemas burocráticos del Gobierno del Estado”.
La compilación de 32 páginas está dividida en cuatro bloques; en primer lugar, la integración de consejos municipales y unidades locales de Protección Civil que deberán renovarse cada tres años, para generar mecanismos coordinados de respuesta.
Como segundo punto, el desarrollo de reuniones con dichos organismos, para actualizar información sobre la situación del volcán; en tercer sitio, la organización de pláticas de concientización a pobladores en zona de riesgo y finalmente, generar recorridos de supervisión a rutas de evacuación, puentes y vados.
En todos los temas, sólo es notoria la participación de los trabajadores en la Dirección del Plan Operativo Popocatépetl, funcionarios municipales, autoridades escolares o comunales, y personal de las juntas auxiliares.
Según la jerarquía establecida, los participantes tienen la responsabilidad de generar la organización solicitada, capacitar a los participantes y finalmente, convocar a la población para transmitir la información.
También destaca que todos los procedimientos del manual están planeados para efectuarse de manera simultánea, en periodos máximos de 30 días, según corresponda a la situación.
SIN ESQUEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES
El vulcanólogo que ha monitoreado al Popocatépetl durante las últimas dos décadas, Alejandro Rivera Domínguez, sostiene que todo este manual evita la complejidad que implica la concentración masiva de personas, especialmente si se requiere mantenerlas fuera de su comunidad por un periodo extenso de tiempo.
Afirma que la visión de la autoridad implica evacuar a la gente, llevarla hacia lugares seguros, como San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros durante dos semanas y después, “ocupar el clásico argumento mexicano: y luego vemos” para generar la reinserción social.
Lo anterior, resalta, a pesar de que el Popocatépetl es capaz de generar un evento explosivo de gran magnitud, con consecuencias que se extiendan durante años o de manera permanente para el entorno.
“Si hay un evento importante, la gente no puede regresar pronto a sus comunidades; pueden pasar años. Esa parte no está considerada, no está siquiera pensada. El problema es tan complejo, que en el propio gobierno se niegan a dar el siguiente paso”.
No obstante, indica que al planear estrategias para casos de desastres, como erupciones, huracanes o sismos, la autoridad está obligada a contemplar el peor escenario y todos los factores posibles; de modo que puedan tomarse previsiones a esa escala.
“Si hay una erupción grande, vamos a entrar en un sistema caótico; porque son planes muy pequeños, muy mezquinos y no están considerando en realidad, el gran problema: la gente en sí y no sólo cómo sacarla de la zona”.
Comenta que sólo el ex gobernador Melquiades Morales Flores intentó trascender el plan y comprar tierras de reserva en la región sur del estado, para que la gente
pudiera asentarse en caso de que la lava acabara con todo; lo que le trajo serias críticas.
