¿Y la reactivación del campo en el estado de Puebla?: ONG
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Más de 15 organizaciones campesinas e indígenas del estado de Puebla señalaron el fracaso del gobierno de Rafael Moreno Valle para reactivar el campo poblano, tal como lo prometió el hoy mandatario durante su campaña por la gubernatura.
Ayer, durante el foro “La crisis del campo poblano y su alternativa: el plan de Ayala Siglo XXI”, donde participaron más de 200 productores de diversas partes del estado, los dirigentes de las organizaciones agrupadas en el Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas e Indígenas Emiliano Zapata lamentó que la inversión al agro solamente se limitó a la entrega de 300 mototractores y de algunas toneladas de fertilizantes.
Juan Castillo Ulloa, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas de Puebla, dio lectura al análisis que hizo este frente sobre la situación del agro en el estado de Puebla, subrayando que éste se encuentra sumido en la miseria, donde más de un millón de campesinos e indígenas no tienen lo mínimo para comprar alimentos, mientras que el gobernador Moreno Valle gastó 3 mil millones de pesos en obras, así como en el festejo del 5 de mayo, que no beneficiaron en nada al campo.
En el caso de los mototractores, el dirigente afirmó que la estrategia de introducir esta maquinaria tuvo resultados inadecuados, pues fueron repartidos sin un análisis de la realidad del campo y se ignoró un aspecto fundamental como lo son las diferentes características de los suelos de la entidad, además de que fueron entregados “sólo a los amigos del gobernador”, sostuvo.
Quienes sí accedieron a un mototractor se pelearon con otros productores para usarlo para decidir quién se hacía cargo del mantenimiento, de las reparaciones y de comprar el diesel para su uso, agregó.
En esa tesitura, en el informe se señala que el gobernador prometió terminar con el cobro de cuotas para proyectos productivos, así como el condicionamiento político para entregar apoyos a los agricultores.
Sin embargo, también se especificó que son ahora los presidentes municipales quienes han hecho su “coto de poder” con la entrega de esos apoyos, “y un ejemplo claro de que esto ocurre en el interior del estado fue el conflicto en el municipio de Tlachichuca de la semana pasada”.
En su lectura, Castillo Ulloa abundó que la población adolescente e infantil que habita en las comunidades rurales e indígenas del estado de Puebla es la que tiene el mayor porcentaje de anemia y bajo peso de todo el país, con 28 por ciento, según un informe de la consultoría Aregional.
Además, la política de desarrollo económico y rural del gobierno de Moreno Valle mantiene a Puebla como el tercer estado más pobre del país, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), donde 59 por ciento de las familias –casi 2.5 millones de personas– se encuentran en una situación de pobreza patrimonial y 68 por ciento de la población indígena, unas 600 mil personas, vive en condiciones de pobreza y hambre, subrayó.
POBREZA Y ENFERMEDAD EN EL CAMPO
Destacó que cuando el hoy gobernador tomó posesión del cargo, Puebla tenía a 57 por ciento de su población sin acceso a los servicios médicos, además de que la entidad ocupaba el lugar 29 en cobertura de afiliación al Seguro Popular.
“El gobierno estatal presume de que existe cobertura universal de salud en la entidad, e incluso ha certificado a varias comunidades, pero cientos de campesinos e indígenas se encuentran sin estar afiliados al Seguro Popular, además de que no existen medicamentos en los pueblos y menos tratamiento para enfermedades”, expuso.
En ese sentido, apuntó que no basta que el gobierno afirme que se han realizado miles de consultas si no se sabe cuáles han sido los diagnósticos y los resultados a las enfermedades en el medio rural.
Criticó que quienes atienden a la población rural en el estado de Puebla no son médicos profesionales, sino pasantes de Medicina que sólo prestan un servicio social, pero se les permite atender consultas como si estuvieran titulados.
“Moreno Valle se comprometió a establecer un nuevo modelo para surtir medicamentos del cuadro básico de salud, pero no hay ningún esquema que abastezca a los hospitales regionales y menos a las clínicas rurales. El gobierno estatal está emulando al Partido Verde con la propuesta de que la población reciba vales de medicina para canjearlos en farmacias privadas, pero el beneficio sólo es para las empresas privadas de este sector”, afirmó.
SIN INFRAESTRUCTURA RURAL
Castillo Ulloa destacó en ese análisis que el gobierno del estado prometió mil 200 millones para obras y servicios en los 217 ayuntamientos, pero los presidentes municipales siguen reclamando recursos y les dicen a su población que el gobierno del estado no entrega los recursos; las obras que se realizan son designadas desde la Secretaría de Finanzas y dejan sin margen de maniobra a los ayuntamientos.
Al inicio de la administración, Moreno Valle comprometió mil millones de pesos para caminos, puentes, carreteras, electricidad, agua potable y drenaje en comunidades indígenas, pero esa cantidad ni las obras llegaron, indicó.
Lamentó que la propia Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial ha señalado que prefiera pagar las multas a la Comisión Nacional del Agua por la contaminación del río Atoyac, que evitar que 900 empresas tiren sus desechos a ese cuerpo de agua; mientras, los campesinos padecen la escases de agua en la Mixteca poblana y reclaman obras para abastecerse del líquido, sostuvo.
La administración estatal también planteó la inversión de 2 mil 700 millones de pesos para la construcción de la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan, una obra que supuestamente seria para desarrollar el campo y la economía del estado por medio de una mejor distribución de materias primas y productos.
Pero esta obra se licitaría para que la iniciativa privada la construyera y la operara. “Moreno Valle invierte los recursos públicos para que sólo los empresarios lo cosechen”, afirmó.
Comentó que esta característica de beneficiar a los empresarios foráneos con dinero público también se observa en el caso de Grupo México, a quien se le entregaría la concesió para la construcción de cuatro plantas hidroeléctricas, en las obras del Metrobús, pero también en la política de asistencia social con la creación del Centro de Rehabilitación Teletón.
“El gobierno del estado excluyó al sector agrícola del beneficio de la vivienda, ya que de los 6 mil millones de pesos para la construcción de 25 mil casas y la rehabilitación de más de 15 mil, Moreno Valle no entregó una sola en comunidades indígenas y campesinas, además de que hizo pasar inversiones federales de vivienda como propios, según el Primer Informe de Gobierno”, aseveró.
Entre las organizaciones que participaron están la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el Barzón Poblano, el Consejo Nacional de Productores Agrícolas, la Unión Campesina Democrática, EcoTuzuapan, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbana y Campesinas y la Unión General de Campesinos y Obreros de México, entre otras.
