Aréchiga sigue sin notificar a ex edil de su destitución
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A casi un mes de que el Congreso local destituyó al edil de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, por irregularidades en su cuenta pública, el presidente municipal sigue en funciones, denunció el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) José Ángel Pedro Guerrero Herrera, quien exigió al Poder Legislativo hacer efectiva la determinación de los diputados y no “tomar el pelo” a la población.
El representante popular albiazul señaló que la revocación de mandato de Loeza no se debe “contaminar” con las investigaciones que le siguen al titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, porque son procesos distintos.
Guerrero Herrera responsabilizó de la omisión al presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, debido a que no ha turnado al ayuntamiento la notificación del acuerdo del Poder Legislativo.
“Esta semana hable con él (Aréchiga) y se comprometió a que el miércoles (antier) enviaría la notificación al ayuntamiento y desgraciadamente no llegó; me decepciona su actitud porque estamos mandado un mensaje a los ciudadanos de que las cosas no son tan transparentes en el Congreso.
“Es preocupante que no se haga valer la decisión que tomó el pleno con el respaldo de 34 diputados, porque están quedando mal parados todos los legisladores y sobre todo Aréchiga”, criticó en entrevista
El Congreso revocó el mandato a Porfirio Loeza el 28 de septiembre pasado por no comprobar la correcta aplicación de 19.5 millones de pesos de su cuenta pública 2006, correspondiente a su primer periodo como alcalde.
Guerrero Herrera, quien es diputado por el distrito de Tlatlauquitepec y fue presidente de ese municipio en el periodo 2002–2005, aclaró que la denuncia que interpuso Loeza contra Hernández Quintana por incurrir en un presunto conflicto de intereses durante la revisión de sus cuentas públicas no debe influir en su destitución como edil.
La cuenta pública 2006 que provocó la defenestración de Loeza no fue auditada por Hernández Quintana, sino por el anterior titular del OFS, José Doger Corte, argumentó.
En esa lógica, la denuncia por supuesto conflicto de intereses sólo tiene efecto en las cuentas 2007 y 2008 que fiscalizó el actual auditor general del estado, de acuerdo con el diputado panista.
Aunque Guerrero Herrera reconoció que el Congreso tiene un plazo de 30 días para enviar la notificación de la revocación de mandato, juzgó incorrecto que Aréchiga aguarde hasta “el último momento” para hacer cumplir la ley.
“¿Acaso estaremos esperando que Loeza pueda moverse de alguna otra forma o pueda haber un acuerdo? Espero que no”, manifestó el diputado al alertar que la falta de actuación del Congreso ha generado malestar en el municipio que puede desencadenar en un conflicto social, pues aunque “la gente está tranquila en este momento, todo tiene un límite”.
