Actívate por Puebla exige baja a costo de transparencia
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La organización Actívate por Puebla, conformada por más de 200 entidades, entre universidades, cámaras patronales y asociaciones civiles, demandó ayer que el Congreso local haga reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla, que reduzcan al mínimo los costos por la entrega de datos de los sujetos obligados.
En una conferencia de medios en la que no se permitieron preguntas, algunos representantes de la organización, como los rectores de las universidades Iberoamericana, de las Américas y Anáhuac –David Fernández Dávalos, Luis Ernesto Derbez Bautista y José Mata Temoltzin, respectivamente– dieron a conocer 12 propuestas para que los diputados las consideren en la discusión sobre las enmiendas a la norma.
El encargado de leer los planteamientos de Actívate por Puebla al Poder Legislativo fue Roberto Alonso, responsable del Nodo de Transparencia.
Se recordó que en abril pasado Actívate por Puebla entregó una propuesta sobre las reformas que son necesarias a la normatividad, una de los cuales es que se reconozca la autonomía, independencia y responsabilidad de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) debe tener sobre las entidades que regula.
Además, señaló que la ley debe garantizar que las resoluciones de la CAIP sean definitivas, inatacables y obligatorias para los sujetos obligados. Lo anterior, considerando que se trata de un organismo especializado y autónomo.
En el mismo sentido, la norma debe concederle a la Comisión nuevas facultades en función de su autonomía constitucional, por ejemplo, autorizar la ampliación de los períodos de reserva de la información pública clasificada como tal, a petición de los sujetos obligados.
La ley también debe tener sanciones y responsabilidades claras para garantizar su cumplimiento.
“Se deben incorporar figuras jurídicas que permitan el ejercicio a plenitud del derecho de acceso a la información, tales como la prueba de daño, la prueba de interés público y la suplencia de la deficiencia de la queja. Para justificar que cierta información pública debe ser clasificada como reservada, las autoridades deben disponer de la prueba de daño; mientras que la prueba de interés público le permite a la CAIP argumentar que cierta información clasificada como reservada en realidad es pública de acuerdo con el principio de máxima publicidad. Por otra parte, la suplencia de la deficiencia de la queja consiste en la intervención de la CAIP, a favor del interesado que interpone un recurso de revisión, en caso de inconsistencia en éste”, abundaron.
Actívate por Puebla advirtió que, al garantizar un derecho fundamental como lo es el acceso a la información pública, la ley debe prescindir de todo mecanismo que inhiba su ejercicio, como es el caso de la ratificación del recurso de revisión que contiene la ley vigente.
En el punto sétimo, la organización recalcó: “de conformidad con el principio de gratuidad del acceso a la información pública, la ley debe reducir al máximo los costos para la entrega de la información requerida”.
También con base en el principio de máxima publicidad, se deben establecer con claridad las causales de reserva de la información pública.
A fin de divulgar información que sea de utilidad social o resulte relevante para el conocimiento de las funciones de los sujetos obligados, la ley debe ampliar las obligaciones de transparencia y establecer obligaciones específicas para cada uno de ellos.
Agregaron que para fortalecer la autonomía y la independencia de la CAIP se debe garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de selección de comisionados, así como su máxima transparencia.
Los integrantes de Actívate por Puebla resaltaron que la ley debe incluir a los partidos políticos como sujetos obligados, amén de que “de cara a una más efectiva rendición de cuentas, la ley debe prohibir los secretos fiduciario y bancario tratándose de recursos públicos”.
