ISSSTEP: cobraron 6 millones de pesos de jubilados muertos
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La Procuraduría General de Justicia (PGJ) está por concluir la investigación del quebranto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (ISSSTEP) sufrió a manos de exfuncionarios de la administración pasada del departamento de Jubilaciones y Pensiones, luego de que por seis años cobraron indebidamente al falsificar documentos y firmas las pensiones de 130 jubilados fallecidos.
Un trato especial recibe la averiguación previa que desde principios de año integró la dependencia de Justicia, tras la denuncia que actuales funcionaros del ISSSTEP presentaron al descubrir la serie de anomalías, atropellos y corruptelas que en dicha dependencia se dieron durante el sexenio pasado.
Entre los probables responsables que se encargaron de falsificar documentos y firmas para cobrar cada mes las pensiones desde 3 mil, 6 mil y hasta 8 mil pesos, y que son investigados por el Ministerio Púbico de la Dirección de Averiguaciones Previas se encuentra Rodrigo Lazcano Fernández, quien se desempeñó como subdirector de Prestaciones Económicas, además de Heriberto Batalla Juárez, exjefe del departamento de Jubilaciones y Pensiones, así como Carlos Córdova, analista del mencionado departamento de pensiones.
Pese a que los exfuncionarios saben que son investigados por el representante social, incluso se han encargado de divulgar que no hay forma de que les contraprueben nada, Lazcano Fernández confía en que seguirá bajo la protección del exmagistrado presidente, Guillermo Pacheco Pulido.
El caso es que en las actuaciones ministeriales se encuentra asentado que los exfuncionarios antes mencionados, junto con otros, se encargaron de cobrar las pensiones de 130 personas que ya habían fallecido.
Para ello, falsificaron identificaciones y rubricas de los jubilados muertos, que nunca fueron dados de baja en el sistema, obteniendo cada mes más de 500 mil pesos, que al año les redituó poco más de 6 millones de pesos.
Sólo es cuestión de días para que la averiguación previa sea consignada y se soliciten al juez de lo penal las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención contra los probables responsable.
