Por yerros legales, siguen impunes peces gordos del marinismo
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La guerra contra el marinismo pasó ya del plano mediático al jurídico. Conforme se acerca el día del primer informe del gobernador Rafael Moreno Valle, el compromiso de la toma de posesión en el sentido de que no habrá intocables dejó de columpiarse en la vox populi para estrellarse en la verdad legal.
¿Ya se documentaron jurídicamente las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de primer nivel del marinismo?
La respuesta hasta hoy es que no. Es más, en los juzgados federales los presuntos implicados han ido ganando cada una de las batallas jurídicas.
El anuncio del inicio de los procedimientos administrativos contra marinistas encumbrados se espera en el marco del I Informe, previsto para el 15 de enero del 2012.
A días de la ceremonia oficial, la Secretaría de la Contraloría, a cargo de Patricia Leal, se encuentra atrapada en los recovecos que la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le impone.
El grave error radicó en que expedientes que involucraban tanto recursos estatales como federales fueron revisados por un despacho privado externo, lo que ha permitido a la parte acusada prepararse legalmente para una larga batalla.
Las filtraciones que no se pudieron frenar a tiempo desde la Procuraduría General de Justicia y la propia Contraloría han permitido preparar las salvaguardas legales para los ex funcionarios de primer nivel, no así los ex subalternos que sentirán el peso de la Ley.
El punto es que los peces gordos seguirán libres y los chicos sometidos.
Y no se trata de un acto de complicidad ni del cumplimiento de pactos, sino simplemente que para encuadrar casos se han cometido errores, que a la luz del agotamiento de los plazos políticos (I Informe) para demostrar que nadie está por encima de la Ley, la acción de la autoridad se quedó debajo de la norma.
Valentín Varillas explicaba recientemente que la postura oficial argumentativa alejaba al gobierno de cualquier propósito legal de sanción y señalaba graves errores jurídicos.
LOS YERROS
1.- Los procedimientos seguidos, son consecuencia de la orden total de reapertura de las cuentas públicas de procesos concluidos aprobadas por el legislativo, respecto a los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Está prohibida una apertura de cuentas previamente aprobadas, para todos y cada uno de los efectos legales.
2.- Se llevan a cabo procedimientos administrativos, con base en auditorías emitidas por particulares, cuyas conclusiones determinan que ex servidores públicos son responsable de diversas acciones y omisiones, respecto de recursos federales Para hacerlo, es necesaria la autorización del gobierno federal y no se tiene de manera oficial para tal fin.
3.- Se llevaron a cabo procedimientos de auditoría, sin que existan bases normativas y lineamientos expedidos por autoridades competentes, que las sustentaran. No existen los reglamentos expedidos por el gobernador.
4.- Se llevaron a cabo auditorías sobre la aplicación de recursos federales, sin que existan facultades de la Secretaría de la Contraloría del Estado para llevar a cabo, no solo la auditoria por sí sola o bien a través de terceros, sino los procedimientos de investigación y sanción sobre recursos federales, aplicando normas locales.
5.- El Congreso del Estado no facultó al Ejecutivo Estatal, a fin de que firmara un convenio con la Federación para la revisión de cuentas relacionadas a la aplicación de recursos federales. Mucho menos aprobó convenio alguno que lo facultara para que a través de la Secretaría de la Contraloría llevara a cabo tal revisión.
Lo peor es que la contienda electoral está ya en marcha.
Y se jugará con nombres como Arango, Macip y demás, pero los peces gordos libres en el mar de la impunidad.
Igualito que con Fox y Calderón.
