El fin de Hernández Quintana como titular del OFS
joomla.2009
El ex gobernador Mario Marín había perpetuado a su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, hasta el año 2017, un periodo que incluso rebasaría el sexenio de Rafael Moreno Valle. Pero el titular del OFS no se sostuvo ni un año con el nuevo Ejecutivo
Cuando el 28 de septiembre, el Congreso del Estado ratificó la destitución de Porfirio Loeza Aguilar como alcalde de Tlatlauquitepec, pocos dudaron que la siguiente cabeza en rodar sería la del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien la legislatura anterior había ampliado de 6 a 7 años su periodo de gestión para que permaneciera en el cargo hasta 2017.
Y a pesar de que ambas partes rechazaran esta versión, el 13 de octubre se desató el escándalo cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que el Juzgado Octavo de lo Penal había girado una orden de aprehensión contra Hernández Quintana, por supuestos delitos cometidos en la administración de justicia.
La denuncia había sido interpuesta meses antes por Loeza Aguilar contra el auditor y derivó en una investigación sobre el periodo en que fue asesor externo de Tlatlauquitepec en 2006, municipio al que demandó civilmente un año después para exigir el pago de honorarios.
El PAN exigió su renuncia inmediata y el PRI se deslindó del marinista, evitando defenderlo de las acusaciones, pero tampoco faltaron las voces de todos los partidos que lamentaron el uso del OFS como garrote político para castigar, primero a Loeza y luego al propio Hernández Quintana.
Un día después, el auditor a quien todos consideraban prófugo, reapareció ante la prensa para anunciar que tenía un amparo ante la orden de aprehensión y que no renunciaría a su cargo, ni siquiera pediría licencia.
Pero mientras Hernández Quintana hablaba frente a los medios, el panista Jesús Zaldívar, integrante de la Comisión Inspectora, denunciaba la extracción ilegal de documentos del OFS, lo que permitió el aseguramiento de dos camiones y una bodega con 4 mil cajas de expedientes, así como la detención de 19 personas.
Las primeras declaraciones de los detenidos ese 14 de octubre, derivaron en otra investigación contra el auditor, por ordenar el traslado sin autorización del Congreso del Estado.
Tres días después, 16 cargadores fueron liberados por falta de pruebas suficientes para implicarlos en el robo de los archivos pertenecientes al ejercicio fiscal 2010, que incluye cuentas públicas del ex gobernador Mario Marín Torres y ex ediles priístas como Blanca Alcalá.
Cuando el 22 de octubre la Comisión Inspectora anunció que no había documentos que avalaran la contratación de la bodega, como asegurara Hernández Quintana en una carta publicada en medios locales, su decisión de permanecer al frente del OFS terminó por quebrarse.
A través de twitter, el Congreso del Estado confirmó que había recibido la renuncia por escrito del auditor, quien enfrentaba el proceso iniciado por el edil destituido de Tlatlauquitepec y la denuncia por el robo de documentos oficiales.
En cuanto a los tres funcionarios que permanecían encarcelados, Rafael Grajales Martínez, director general administrativo; Luis Guillermo Hernández Hernández, jefe de departamento de Recursos Materiales de Adquisiciones y Servicio; y Jorge Flores Ocaña, encargado de la bodega, obtuvieron su libertad hasta el 28 de octubre, una vez que pagaron la fianza correspondiente.
Al respecto, el procurador Víctor Carrancá Bourget, explicó que el delito no era considerado grave, por lo que lograron la reducción de la fianza, fijada inicialmente en 300 mil pesos, pero no aclaró a cuánto ascendió el monto final.
Por su parte, valiéndose de amparos, el ex auditor ha evitado terminar en la cárcel y se ha mantenido fuera de la vida pública. En tanto las bodegas, los camiones y sus contenidos, así como el propio inmueble del OFS, quedaron a resguardo de la PGJ.
El 26 de octubre, el Congreso del Estado emitió la convocatoria para elegir al nuevo auditor general, cerrando con la inscripción de 11 aspirantes, de los cuales, se eligió una terna sometida a votación ante el Pleno.
Como se había adelantado en prácticamente todos los medios locales, el elegido fue David Villanueva Lomelí, yerno del ex gobernador Melquiades Morales y amigo del gobernador Rafael Moreno Valle.
De los 38 diputados presentes en la sesión del viernes 11 de noviembre, Lomelí obtuvo el cargo por unanimidad, rindiendo protesta al cargo ese mismo día. Sus contrincantes, Francisco José Romero Serrano y Gilberto Tomás Hidalgo Moreno, no recibieron un solo voto.
Villanueva Lomelí rechazó haber recibido la titularidad del OFS por órdenes del mandatario estatal y recordó que su candidatura tuvo el respaldo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de la Sierra, el Colegio Nacional de Licenciados en Administración, la Canaco, la CMIC y el Club de Empresarios de Puebla.
Fue hasta el 14 de noviembre, un mes después de que se detectara el traslado de archivos, que el Órgano de Fiscalización Superior reabrió sus puertas para continuar con sus actividades normales, iniciando la semana con la renuncia de 8 trabajadores.
Hasta el momento, los documentos continúan bajo resguardo de la PGJ y no se tienen noticias del avance de la investigación. El cierre del OFS durante un mes, retrasó la fiscalización de cuentas públicas, por lo que la revisión de expedientes continuará hasta los primeros meses de 2012, según informó David Villanueva Lomelí.
