Operan visita de Cordero desde oficinas de gobierno
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El descaro con el que el gobierno del estado ha apoyado a Ernesto Cordero debiera ser motivo de una fuerte sanción en contra de ambos, aunque es evidente que los tribunales electorales nada harán al respecto.
“Más pruebas y menos litigio mediático”, siempre pide el IFE. Pero cuando éstas se exhiben, la impunidad se hace presente.
La semana pasada, diversos reporteros de la fuente política —entre ellos Jorge Castillo, de Intolerancia Diario— recibieron una llamada a sus teléfonos celulares para invitarlos al evento en el que Ernesto Cordero se reuniría con la militancia panista.
Con notable olfato periodístico, Castillo realizó una llamada al número que se registró en su celular 222 213 05 32, con la sorpresa de que le contestaron en la Secretaría General de Gobierno.
Con la grabadora encendida, el reportero de este diario preguntó a dónde hablaba y el nombre de la empleada, quien abiertamente le dio sus datos y le confirmó la invitación al evento de Cordero en Cholula.
La contundencia de la prueba es plena e inobjetable.
Pese a lo anterior recibí una carta aclaratoria, a través de la cual la Secretaría General de Gobierno niega haber utilizado recursos y estructura en favor del evento del precandidato panista.
Esta es la misiva aclaratoria.
Enrique Núñez
Director General
Intolerancia
P R E S E N T E
En relación con la nota “El Gobierno estatal al servicio de Cordero”, publicada por el reportero Jorge Castillo en el diario a su digno cargo, me permito exponer lo siguiente:
1. La Secretaría General de Gobierno rechaza de manera tajante llevar a cabo invitaciones relacionadas con eventos partidistas, proselitistas o de precandidato o candidato alguno, y se deslinda por completo de cualquier acción semejante.
2. En un acto de corresponsabilidad, la Secretaría General de Gobierno invita de manera respetuosa a que se presente una denuncia ante las autoridades correspondientes, acompañada de las pruebas que amerite el caso.
3. La Secretaría General de Gobierno garantiza que, en caso de encontrarse responsabilidad de parte de algún funcionario de esta dependencia, se actuará con todo el peso de la ley.
Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente y apelo a su amable gestión para la publicación de la misma.
Luis Salazar Gámez
Comunicación Social y Relaciones Públicas
Secretaría General de Gobierno
Como se desprende del texto enviado por la SGG, la dependencia “se lava las manos” y niega su participación activa en la operación en favor del “delfín” calderonista; sin embargo, piden que se presente una denuncia para que se investigue si algún funcionario cometió el ilícito electoral.
Vaya, vaya.
Pese a las contundentes evidencias, el gobierno morenovallista exige denuncias, sin importar la flagrante participación de una de sus dependencias en la presunta comisión de un delito electoral.
¿Qué más quieren estos señores?
Existe la grabación —que se puede escuchar en www.intoleranciadiario.com— donde la empleada morenovallista dice que trabaja en la Subsecretaría de Vinculación y Gobernanza, y que se llama Adriana Sánchez.
El teléfono registrado en el celular del reportero coincide con una consulta de saldo de la compañía de teléfonos a nombre del Gobierno del Estado de Puebla (222 213 05 32).
Y la empleada está registrada en la nómina de esa dependencia.
Concediéndoles el beneficio de la duda y, suponiendo que no se haya tratado de una una orden del gobernador Moreno Valle o del secretario Manzanilla, no entiendo por qué razón no toman medidas inmediatas y contundentes.
La empleada Adriana Sánchez tiene un jefe directo y otros superiores.
Y todos parecen inmunes ante esta ilegalidad.
Es evidente que estamos ante un sospechoso encubrimiento.
Y surgen nuevas dudas:
¿En dónde está la contralora Patricia Leal?
¿Por qué no abren investigaciones?
¿Quién fue el autor intelectual de este operativo?
Todo apunta a una poderosa figura.
Lamentablemente, en Los Cerros la ley no existe.
