Magistrados del TSJ se rebelan; pospondrán Consejo de la Judicatura
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Este jueves, la vieja guardia de magistrados del Tribunal Superior de Justicia intentará echar abajo la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que en diciembre pasado aprobó el Congreso del estado.
Su intentona va encaminada a impedir la creación y funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que es un órgano de vigilancia de los jueces y magistrados de la entidad y que, en opinión de éstos últimos, representa una intromisión del gobernador dentro del Poder Judicial.
En su sesión de pleno, prevista para este jueves, los magistrados votarán un acuerdo por el que pospondrán un año la creación del Consejo de la Judicatura, bajo el argumento de que el presupuesto destinado al Poder Judicial para 2012 es insuficiente y que existen otras prioridades que atender antes que la constitución de aquél.
Y argumentos no les faltarán, pues el 31 de enero deben comenzar a operar los tribunales especiales en los que ahora se desahogarán de manera oral los juicios mercantiles que antes se llevaban en los juzgados y salas civiles del Tribunal Superior de Justicia.
De estos tribunales no hay uno sólo funcionando.
Además, está pendiente el cumplimiento de la reforma promovida por el gobernador Moreno Valle por la cual se aprobaron tres juzgados de ejecución de sentencias: uno, para atender los pendientes de los jueces de la capital del estado y área conurbada; otro para los jueces foráneos, que no ha podido crearse por falta de recursos para cubrir siquiera los gastos de los visitadores de los distritos judiciales del interior del estado; y un último para atender los casos de menores infractores.
Una tercera urgencia que los magistrados alegarán para dejar en el limbo el Consejo de la Judicatura es que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para cumplir la reforma federal que estableció la oralidad de los juicios en material penal, asunto que en Puebla se encuentra muy rezagado pues a la fecha no existe ninguna sala funcionando para acatar esta disposición.
Los magistrados rebeldes replican que si los recursos destinados al Poder Judicial son insuficientes, menos alcanzarán para poner en operación el Consejo de la Judicatura, para lo cual será necesario contratar entre cinco u ocho magistrados, con salarios superiores a los 80 mil pesos mensuales, 20 secretarios de acuerdo, cuyos sueldos fluctúan entre 30 mil y 35 mil pesos, y al menos 50 mecanógrafas.
