El Jefe Diego, abogado del ex secretario de Finanzas de Marín
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El ex Secretario de Finanzas de la administración de Mario Marín Torres, Gerardo María Pérez Salazar, decidió contratar al despacho jurídico propiedad de Diego Fernández de Cevallos y entre cuyos socios destacan los ex procuradores Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, para defenderse de las acciones legales que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha iniciado en su contra.
Hasta la Colonia Lomas de Chapultepec, concretamente en la calle Virreyes 520, llegaron personajes de todas las confianzas de Pérez Salazar para presentar el caso del ex funcionario estatal y ver si el poblano podía pasar a ser parte del selectísimo grupo de clientes de tan importante firma.
Sobra decir que los criterios que aplican el jefe Diego y sus socios para elegir si llevan un caso o no, depende de la rentabilidad económica que este pueda generarles, por lo que el tema del famoso “polvorón” pasó con creces la prueba del ácido.
Y es que, su situación legal es tan complicada, que los abogados decidieron tasar en 100 mil pesos cada reunión para definir la estrategia jurídica a seguir en su defensa y la nada despreciable cantidad de 2 millones de dólares si logran librar a Pérez Salazar de la cárcel.
Nada mal, ¿no cree?
Sin embargo, lograrlo anterior no parece nada fácil.
Pérez Salazar se encuentra metido en gravísimos problemas legales no sólo con las actuales autoridades locales, sino que enfrenta procedimientos que son facultad de la justicia federal.
Entre los primeros, destaca un muy extenso expediente en poder del actual mandatario estatal, en donde se documentan operaciones irregulares realizadas por el funcionario en su paso por la administración pública local.
Contiene información en donde en donde se demuestra como, por órdenes de Pérez Salazar, se destinaron cerca de 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto estatal para realizar inversiones de alto riesgo, en un afán de buscar una utilidad por los rendimientos potenciales de dichas inversiones.
Los recursos fueron destinados a Vector, Casa de Cambio que no sólo fue dirigida en su momento por el propio Pérez Salazar, sino que tiene como ejecutivo estrella a Margarita Rojas, actual esposa del propio funcionario y quien tiene en los hechos la titularidad indiscutible de la cuenta del gobierno del estado y que por concepto de “comisiones por manejo de cuenta” cobró ni más ni menos que 26 millones de pesos.
El otro tema, que es competencia de las autoridades federales tiene que ver, como en su momento lo publicó Alejandro Mondragón, con actividades relacionadas con el delito de “lavado de dinero”.
Se trata de depósitos por un millón 817 mil 053 dólares a la cuenta de Empresarios Comerciantes Poblanos L.L.C, propiedad del ex alcalde de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil alias “El Gavilán”, detenido en una prisión de Los Ángeles, California, señalado por haber conspirado para distribuir 11 kilos de cocaína en Nueva York. Fue la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, quien lo detuvo y presentó ante una corte federal.
Según Mondragón, “de acuerdo con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, hubo una serie de triangulaciones y pagos de supuestos “eventos” y coberturas mediáticas, a través de la empresa televisiva Univisión, los cuales después fueron depositados en alguna cuenta en Los Ángeles, California, a nombre del ex presidente municipal de Izúcar, detenido en la Unión Americana, acusado de ligas con el narcotráfico”.
En este contexto, sobra decir que la responsabilidad para Fernández de Cevallos y compañía parece poco menos que titánica.
Sin embargo, se trata de una firma que se ha caracterizado por echarse al hombro responsabilidades similares.
Uno de los casos más sondados fue la devolución que consiguió de mil 800 millones de pesos por concento de IVA y IEPS a la empresa mexicana Jugos del Valle en el 2000 y el cabildeo que llevó a cabo a través de sus personeros enquistados en el Congreso de la Unión en contra del paquete fiscal 2009 para que se disminuyera del 10 al 5% el IEPS para las empresas embotelladoras de Grupo Coca-Cola.
Además de la defensa de Rogelio Montemayor, implicado en el Pemexgate; los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, así como empresarios acusados de millonarios fraudes, como Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino; Gerardo de Prevoisin, y Juan Diego Gutiérrez Cortina, entre otros.
A esta penosa lista, habrá de agregar con letras salpicadas de corrupción el nombre de Gerardo María Pérez Salazar.
