SSA tapa irregularidades del morenovallista Genaro Ramírez
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La semana pasada brotó un movimiento de inconformidad de una parte importante de médicos, enfermeras y personal administrativo que laboran en la Jurisdicción número 6 de la Secretaría de Salud (Ssa), la cual es la más importante del estado. Ese conflicto –que ya provocó un paro de actividades en 32 unidades médicas– a la fecha no ha podido ser controlado y amenaza con extenderse. Ante esa situación ayer se habría tomado la decisión de sacrificar a dos funcionarios que laboran en esa demarcación, como una manera de buscar reducir el malestar y, sobre todo, impedir la caída del jefe de ese sector, el panista Genaro Ramírez.
Además de proteger a Julio Alfredo García, el secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), quien cada día enfrenta un mayor descrédito ante sus representados por su pasividad para atender las quejas contra funcionarios de la Ssa.
Por lo menos hasta ayer por la noche se había tomado la decisión entre representantes del SNTSA y funcionarios de la Ssa de que saldrían de la Jurisdicción 6 los siguientes funcionarios:
Jorge Saldaña, quien es pariente de Genaro Ramírez y ocupa el cargo de subjefe jurisdiccional, un puesto que aunque no existe en el organigrama es el segundo en importancia en la demarcación del conflicto; y Guillermo Rodríguez, quien es el administrador de esa área de la Secretaría de Salud.
A los dos se les señala como los principales responsable de actuar con prepotencia y abusos, lo que generó un clima de inconformidad en la jurisdicción, que ya provocó que la Ssa emprenda procesos penales contra tres de los trabajadores que han sido protagonistas de las protestas contra Genaro Ramírez.
En general se ha dicho que el conflicto es resultado de que la Ssa no ha renovado contrato a varios trabajadores, y a muchos más solamente los recontrató por periodos de uno a tres meses; sin embargo, eso no es del todo cierto, ya que el verdadero foco de inconformidad se ha generado por el terrorismo laboral que se ha desatado, que incluye malos tratos y amenazas de despidos contra una parte importante del personal de base.
La solución correcta al conflicto era remover a quien provocó esta revuelta: el panista Genaro Ramírez, quien llegó a la Ssa sin tener experiencia en el sector público y sin contar con la sensibilidad mínima para saber cómo enfrentar los problemas de la secretaría, sobre todo en el ramo de desabasto de insumos.
Pese a que está identificado a este militante del albiazul como quien ha provocado un periodo de inestabilidad en la Jurisdicción número 6, el titular de la Ssa, Jorge Aguilar Chedraui, parece estar dispuesto a protegerlo y no dar soluciones de fondo a los problemas.
¿A qué se debe esa defensa? La respuesta parece radicar en que dicho jefe jurisdiccional es de los pocos líderes del PAN que pertenece al grupo morenovallista, y por tanto se le está dando protección para que siga moviendo a militantes del Partido Acción Nacional a favor de los intereses políticos de Casa Puebla.
Un ejemplo de lo anterior es que Blanca Jiménez, la pareja de Genaro Ramírez, será candidata del PAN por un distrito de la capital y representando al grupo morenovallista.
Por eso en la Ssa se prefiere ignorar los justos reclamos de los trabajadores y emprender acciones legales contra algunos de ellos que mover a un funcionario conflictivo, que permanece en el cargo por meros intereses políticos.
La protección que la Ssa está brindando a Genaro Ramírez tiene una explicación. Lo que hasta ahora resulta incomprensible es la actitud del líder sindical Julio Alfredo García, quien desde los primeros días de enero ha buscado evadir todas las quejas que han surgido de médicos y enfermeras de la Jurisdicción número 6.
Resulta que siete de cada 10 trabajadores de la Jurisdicción número 6 pertenecen a la sección 25 del SNTSA, y pese a haber esa presencia Julio Alfredo García ha decidido no encabezar los reclamos de la base trabajadora.
Se dice que una razón por la cual el líder sindical se niega a proteger a sus representados es que su campaña electoral para llegar al cargo que actualmente ostenta habría sido financiada por algunos funcionarios de la Ssa, y entre ellos algunos funcionarios de la Jurisdicción número 6. Por eso Julio Alfredo García ha dejado a su suerte a los galenos que han protestado por los abusos que ahí ocurren.
Lo más patético del caso es se está buscando sacrificar a dos “chivos expiatorios” de la Jurisdicción número 6 para salvarle el pellejo al líder sindical, quien se supone que tendría que ser quien levantara la voz contra los abusos.
