La Corte y la la sensibilidad social
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La resolución de la Corte (mexicana) en el amparo promovido por la profesora Magdalena García, que permitió su liberación, en detrimento de la demanda de justicia de un menor de 4 años y su madre (que alegaban la culpabilidad de la maestra por su participación en la violación de que fue objeto el menor), ha dado lugar a un debate fragoroso e interesante.
La sentencia de la Corte encuentra sustento en cuestiones legales, pero deja mucho que desear en su sensibilidad para con el menor y con la sociedad mexicana, tan ávida de encontrar espacios en los que los violadores y agresores sexuales (de mayores y menores, aunque especialmente de éstos) sean juzgados con sensibilidad hacia el menor y que las resoluciones, sin apartarse del derecho, pongan por delante los dichos del menor.
Esto no significa que se argumente a favor de la condena casi automática de toda persona que sea acusada de violación por los padres de un menor, sino que la declaración del menor, por ejemplo, sea suficiente para dudar de cualquier prueba -siempre y cuando ésta no sea convincente- que deslinde de culpabilidad al probable responsable.
Lo que se debe cambiar, en otras palabras, es la forma en la que está configurada la persecución y juzgamiento de delitos de esta índole, en la que se trata al menor como a cualquier persona que denuncie un robo y al probable responsable como a cualquier defraudador, lo que no debe ser así, porque estamos en presencia de uno de los crímenes más crueles, que conjugan la inocencia e indefendibilidad de los menores y el abuso consciente, perverso y despiadado de los agresores. Por eso, en estas circunstancias, la declaración del menor debe ser considerada como suficiente para condenar al agresor si no hay un a prueba contundente que desvirtúe plenamente la versión del menor.
En el caso concreto, la versión del menor tenía el error de un nombre. En lugar de decir que llevaba a ver al profesor X, el niño decía otro nombre. Pero en todo, absolutamente en todo, la versión del menor era más que creíble. Como sostuvo el Presidente de la corte: “…(m)enciona detalles, colores, lugar, tiene reacciones emocionales muy específicas y consistentes al recordar las agresiones de las que fue objeto y al describir lo que pasaba”. Pero para la mayoría de los Ministros de la Corte, había duda razonable para dejar en libertad a la maestra.
Eso sí, se apuraron a sostener los ministros que ello no implica la absolución de los demás partícipes en la violación. Esto tiene una contradicción per se: se está absolviendo a la maestra porque el dicho del menor tiene inconsistencias, siendo que la prueba principal en contra de los demás partícipes en la violación resulta ser la propia versión del menor.
La resolución de la Corte tiene riesgos importantes en una sociedad tan puritana como la mexicana y con tantos problemas de abuso de menores: la Corte tuvo la oportunidad de ponderar de mejor forma los derechos en juego y decantarse por los derecho del menor, que -no lo olvidemos- tiene 4 años y a quien la Corte está pidiendo (en otras palabras) que emita una declaración sin contradicciones. La Corte equipara la declaración de un menor de 4 años violado a la de cualquier persona que haya sido víctima de otro tipo de delito. La Corte pide coherencia en la declaración, olvidando que el niño tiene sólo 4 años. Poca edad, parecería, para pedir tanta coherencia..
La actitud de la Corte la muestra, una vez más, distante a la realidad y a las exigencias sociales. Es un Tribunal Constitucional y como tal puede interpretar la ley en sentido de favorecer, en palabras de Luigi Ferrajoli, al más débil. Pero, como en otras ocasiones, la Corte vuelve a dictar una sentencia que no deja contento a nadie y sí con muchas dudas sobre la sensibilidad social de los Ministros. La Corte se ha apegado, en una actitud positivista, a la letra de la ley, y ha dejado sin cobijo a los más débiles, los que piden justicia más allá de la norma.
