Ex asesor jurídico de Alcalá denunciará por daño moral al regidor Pedro Gutiérrez
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Ernesto Ramírez, quien fuera asesor jurídico de la ex presidenta municipal, Blanca Alcalá, anunció que iniciará un proceso legal por daño moral en contra del presidente de la comisión de Entrega-Recepción, el regidor panista Pedro Gutiérrez Varela
Ernesto Ramírez, quien fuera asesor jurídico de la ex presidenta municipal, Blanca Alcalá, anunció que iniciará un proceso legal por daño moral en contra del presidente de la comisión de Entrega-Recepción, el regidor panista Pedro Gutiérrez Varela.
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Esto, porque lo acusa sin fundamento de haber dobleteado como empleado y asesor externo del ayuntamiento a través del despacho Asesoría Jurídica Estratégica, del que se separó en 2007, antes de que Alcalá empezara su campaña política.
DESGLOSAN IRREGULARIDADES
Ante la acusación de Gutiérrez Valera del gasto irregular de casi 2 mil millones de pesos en el gobierno de Alcalá, Ernesto Ramírez y Víctor Giorgana, quien fuera secretario de Desarrollo Social, ofrecieron una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones.
En cuanto al área jurídica se plantean afectaciones por un monto de 250 millones de pesos, que cubren tres juicios en trámite, con las empresas ICA, ITO y con propietarios de predios de San Baltazar Campeche, detalló el asesor jurídico.
En cuanto a la primera demanda, describió que esta se refiere a una obra pública realizada 10 años antes de la administración de Blanca Alcalá, y que la empresa solicita el pago de 10 millones de pesos más intereses; sin embargo, detalló que 20 días antes de la presentación del dictamen, se ganó el juicio de amparo ante esta demanda, por lo que la cantidad en cuestión no afecta a la administración.
La demanda por parte de la empresa ITO, quien iba a fungir como concesionaria del rastro municipal, no tiene fundamento, aseguró Ramírez, ya que desde el inicio de las negociaciones se firmó un convenio en el que, en caso de haber algún problema con la obra, el rastro volvería a ser administrado por el ayuntamiento.
Y por último, en cuanto a la demanda de San Baltazar Campeche, afirmó que ésta se refiere a una obra de administraciones anteriores, y que va en cuanto a quién es el propietario del terreno en cuestión.
A su vez, aseguró que el contar la deuda pública como parte del daño patrimonial es irresponsable, ya que ésta no es una responsabilidad directa de Blanca Alcalá y que esta acusación tendría fundamentos si las obras no se hubieran realizado.
Por su parte, Víctor Giorgana rechazó las observaciones hechas en contra del Programa Manos a la Obra, ya que el dictamen dice que no se cuentan con las reglas de operación, sin embargo, el ex secretario aseguró que estas se encuentran en los anexos del paquete entregado.
Además presentó un listado de supuestas irregularidades, las cuales consideraron como “ridículas”, como lo son la falta de mantenimiento a llantas, la falta de asientos y tapas en retretes de baños, la tapa de un tinaco en la Secretaría de Seguridad Pública que está rota y que por ello, dice el dictamen, pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores de la misma, por mencionar algunas.
