Alcalá: le rebajan observaciones de mil 900 mdp a 700 mdp
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La comisión de Entrega-Recepción del ayuntamiento de Puebla le rebajó las observaciones a la ex presidenta municipal, Blanca Alcalá. Aunque la semana pasada difundieron que hallaron irregularidades por mil 900 millones de pesos, en sesión de Cabildo se aprobó un dictamen en el que sólo se incluyeron 700 millones de pesos
La comisión de Entrega-Recepción del ayuntamiento de Puebla le rebajó las observaciones a la ex presidenta municipal, Blanca Alcalá. Aunque la semana pasada difundieron que hallaron irregularidades por mil 900 millones de pesos, en sesión de Cabildo realizada este martes por la noche, se aprobó un dictamen en el que sólo se incluyeron 700 millones de pesos.
La sesión estuvo marcada por el encono y las acusaciones de irregularidades de parte de la bancada priísta que incluso abandono el salón del pleno.
Además de reducir las observaciones, los panistas avalaron en el dictamen llamar a comparecer a los siguientes ex funcionarios:
Gabriela García Maldonado, ex secretaria de Administración y Tecnologías de la Administración; Jair Manjarrez Morales, ex director de Tecnologías de la Información; Fernando Ramos Soriano, ex director de Recursos Humanos; Elisa Imelda Cervantes de Alejandro, ex directora de Recursos Materiales; Jorge Antonio Rodríguez y Morgado, ex secretario de Gestión Urbana y Obra Pública; Sergio Ferrer Burgos, ex director de Ingresos; Adrián Albicker Rivero, ex director de Egresos; Edgar Chumacero Hernández, ex director del Instituto Municipal del Deporte; Víctor Manuel Giorgana Jiménez, ex secretario de Desarrollo Social; Arturo Flavio Sánchez Rosas, ex director Jurídico Contencioso; Blas Villegas Lara, ex director de la Agencia Municipal de Protección al Medio Ambiente; Ernesto Ramírez López, ex asesor jurídico del Ayuntamiento; Javier Ramírez Carranza, ex Tesorero Municipal.
ALTERACIÓN DEL DICTAMEN
Cuando se empezó la discusión, el regidor del PRI, Octavio Castilla, anunció que habían detectado una alteración al documento original del dictamen de Entrega Recepción, lo cual, afirmó era un delito y que su bancada no participaría de éste. Al decir esto, los cinco regidores priístas abandonaron el Salón de Cabildos.
En ese momento se convocó a una rueda de prensa, donde los regidores explicaron que la irregularidad que detectaron era con respecto a la página del dictamen donde se planteaba la observación referente al Programa Unidos para Progresar, que originalmente señalaba un gasto de 439 millones. Los regidores explicaron que, en el documento que les fue entregado una hora antes de la sesión de Cabildo, este monto fue corregido ya que, como se había dicho días antes, fue un error por falta de una coma que separara los dígitos.
En este caso, los regidores acusaron que la hoja de esta acusación presentaba las firmas de aprobación en otro lugar de la página (en la original estaban en la parte inferior y en esta nueva versión éstas estaban del lado derecho), que no contaba con la numeración correspondiente y el monto estaba corregido.
Los priístas calificaron esta modificación como un delito de sustracción de documentos, falsificación de éstos y de firmas, ya que la hoja cuenta con la rúbrica de todos los miembros de la comisión de Entrega Recepción, a pesar de que esta no fue convocada y Octavio Castilla, miembro de esta comisión, negó haber estado enterado de la modificación.
Aseguraron que este caso ya se encuentra en manos de sus abogados para tomar acción legal en contra de quien resulte responsable.
PRIÍSTAS BERRINCHUDOS: PAN
A pesar de la ausencia de la bancada priísta, los demás miembros del cabildo siguieron con la sesión. La mayoría al hacer uso de la palabra calificó la actitud de la bancada de oposición como “reprobable”, “berrinchuda” e “infantil”.
En particular, el regidor David Méndez afirmó que el que abandonaran el recinto fue simplemente para generar un escándalo mediático para confundir a la población.
Arturo Loyola, a su vez afirmó que “los despilfarros de Blanca Alcalá son parte del legado del marinismo”, además criticó el gasto de la ex presidenta en el ramo de comunicación social, el cual fue de aproximadamente 362 millones de pesos, señalando que se trató de “promoción de imagen personal”.
Por su parte, el síndico municipal, Ernesto Bojalil, agregó 39 observaciones adicionales a las 384 que contaba el dictamen, las cuales fueron aprobadas.
Al momento de someterse a votación el dictamen en lo general y en lo particular, fue aprobado por unanimidad, esto, explicó el secretario general, José Manuel Janeiro, de acuerdo al articulo 90 del Código Reglamentario Municipal, la ausencia de los regidores priístas hacia contar su voto a favor.
Después de las “correcciones” hechas al dictamen, la cifra del supuesto daño patrimonial disminuyó de mil 900 millones a solamente 700 millones de pesos.
