Juan Pablo Piña también asesora a los diputados del PRI
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El comisionado Samuel Rangel Rodríguez no es el único asesor de lujo del diputado priista Lauro Sánchez, pues el titular de Defensoría Pública y Servicios Legales del gobierno del estado, Juan Pablo Piña Kurczyn, también se presta a elaborar iniciativas que presenta la fracción parlamentaria del PRI como propias. Un ejemplo de esto es la reforma a la Ley de Deuda Pública, ya que de acuerdo a las propiedades del archivo que puede consultarse en la página del Congreso local fue elaborado por el funcionario morenovallista.
Ésta no es la única propuesta que se adjudicó el grupo parlamentario del PRI, pues la iniciativa para crear la ley de vialidad pública también fue creada por el gobierno del estado, según consta en las propiedades del documento que puede ser consultado en la página de internet del Congreso http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=69.
Estas pruebas sobre la autoría del paquete de cinco iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRI el pasado primero de junio, se suman a la que demuestra que la iniciativa de la ley de transparencia fue realizada por el comisionado de Acceso a la Información Pública, ya que el nombre de Samuel Rangel también aparece en la ficha informativa del documento.
Lauro Sánchez López ya ha desmentido que su iniciativa de ley de transparencia haya sido realizada por el comisionado de la CAIP y atribuyó la aparición de su nombre en el archivo como “una confusión”.
De acuerdo con la iniciativa de reforma, supuestamente integrada por el tricolor, los recursos que se destinen para los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) no serán considerados como deuda pública, a pesar de que son pasivos, por lo que tampoco deberán contar con la aprobación del Poder Legislativo.
Del mismo modo, el Ejecutivo estará facultado “para afectar de forma irrevocable sus ingresos derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, como fuentes de pago o garantía de todo tipo de obligaciones no constitutivas de deuda pública (…) con motivo de proyectos de inversión que contrate o celebre alguna de las entidades y que se encuentren inscritos en el Registro de Proyectos del Estado”.
En el proyecto presentado por Lauro Sánchez, también se establecen los mecanismos para que, tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos, puedan acceder a la deuda pública de más de 7 mil millones de pesos aprobada durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
En los artículos 15 y 16 se faculta al Ejecutivo y a los gobiernos municipales a afectar -previa autorización del Congreso- “el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones y/o aportaciones que en ingresos federales les corresponde al gobierno estatal y municipales, y que en términos de la normatividad aplicable puedan destinarse como fuente de pago y/o garantía de las obligaciones a su cargo derivadas de la deuda que contraerán con la contratación de créditos (…)”.
En total, el grupo parlamentario del tricolor presentó el pasado primero de junio un paquete de cinco iniciativas: la nueva ley de transparencia y acceso a la información, ley de vialidad, reformas a la Ley de Deuda Pública, creación de la firma electrónica y la ley de participación ciudadana.
Hasta el momento ninguna de estas iniciativas ha sido analizada en las comisiones, por lo que se descarta que alguna pudiera ser aprobada en la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 10 de junio.
