RMV busca poner fin al mercado negro de preliberaciones de reos
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Tras las irregularidades en las que se dieron preliberaciones a reos el sexenio pasado, el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso una iniciativa para crear la figura del Juez de Ejecución de Sanciones y que sea éste y no el Poder Ejecutivo quien otorgue la disminución de penas
Tras las irregularidades en las que se dieron preliberaciones a reos el sexenio pasado, el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso una iniciativa para crear la figura del Juez de Ejecución de Sanciones y que sea éste y no el Poder Ejecutivo quien otorgue la disminución de penas.
Se calcula que durante el gobierno de Mario Marín Torres se habrían dado unas 250 preliberaciones fuera de norma (algunas a cambio de 300 mil pesos) y que la operación habría estado a cargo de su primo Indalecio Cuesta Torres, quien era director de Ejecución de Sentencias en Puebla.
Para conseguir la preliberación el sentenciado tenía que entregar documentos como carta de buena conducta expedida por el director del penal, asistencia a un taller y que se presentara la persona que lo iba a emplear al salir de la prisión. La decisión final estaba a cargo del Ejecutivo y no del Poder Judicial.
El periodista Rodolfo Ruiz dio a conocer que al concluir el sexenio de Marín, se autorizaron 30 preliberaciones de reos que habían cometido delitos graves y que no tenían derecho a salir antes de concluir la sentencia dictada por el juez.
Sobre el caso, el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, declaró los primeros días de marzo de este 2011 que sí está abierta una investigación sobre la actuación de la Dirección de Ejecución de Sentencias en Puebla, misma que estaba adscrita a la otrora Secretaría de Gobernación.
LA REFORMA
El pasado viernes se anunció ante el pleno del Congreso que llegó una iniciativa de reforma en materia de preliberaciones signada por el gobernador Rafael Morreno Valle.
Ahí se dispone la creación de la figura de Juez de Ejecución de Sanciones. En los considerandos se expone que el artículo 21 de la Constitución dispone que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”, en tal virtud con la finalidad de delimitar las funciones y atribuciones conferidas a los Poderes Judicial y Ejecutivo se proponen diversas reformas introduciendo la figura del Juez de Ejecución, por lo anterior, se inicia una serie de cambios estructurales que impactan en las atribuciones del Poder Ejecutivo ya que era el encargado de organizar, ejecutar y modificar las sanciones.
El Juez de Ejecución de Sanciones tendrá estas atribuciones: modificar la duración de las penas, vigilar el tratamiento penitenciario y dictaminar los beneficios de libertad anticipada, previéndose una vigilancia y pleno control en cumplimiento de las penas.
De hecho, ya se están habilitando los espacios para los tres jueces de Ejecución previstos en la iniciativa. Las oficinas estarán junto al penal de San Miguel.
Haga click en la imagen para ver la iniciativa completa enviada por Moreno Valle al Congreso:
