A medias y parchada arranca reforma penal en México
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La primera parte de la reforma al sistema de justicia penal entrará en vigor este domingo, pero a medias y con parches.
De acuerdo con la reforma constitucional de junio de 2008, para este fin de semana tiene que haber a nivel nacional un nuevo sistema de prisiones de reinserción social de delincuentes, así como jueces especializados para un nuevo régimen de modificación y duración de penas.
Pero dichos sistemas aún no existen en la realidad porque el Congreso de la Unión no ha expedido las leyes secundarias correspondientes no obstante que así lo ordena el artículo quinto transitorio de la reforma.
El nuevo sistema de readaptación social “debe estar organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad”, dice el Artículo 18 de la Carta Magna.
En materia de ejecución de sanciones, el cambio consiste en que ahora serán supervisadas por jueces, no por el Ejecutivo.
El Consejo de la Judicatura Federal tuvo que salir ayer al paso y, ante la inminente entrada en vigor de la reforma, creó tres juzgados especializados en ejecución de penas del ámbito federal que estarán en Tlalnepantla y atenderán a unos 23 mil reos federales.
Pero los jueces tendrán que operar con base en una ley que data de 1971.
A nivel estatal, algunos reportes señalan que Chiapas, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León y Baja California ya designaron a sus jueces para atender a los reos con delitos del fuero local.
…Y EN EL DF, APENAS 2 JUECES
En el DF, sólo 2 jueces, que se espera tomen protesta hoy, entrarán en funciones, y otros 14 permanecerán en espera.
Empero, el Tribunal Superior de Justicia del DF requiere 29 juzgadores, que no pudieron ser completados en cinco convocatorias.
Entre prisas, críticas y cuestionamientos, el 19 de junio entrará en funciones la figura del juez de ejecución de sentencias, que según especialistas carece de autonomía y capacitación suficiente para enfrentar las necesidades reales del sistema acusatorio.
Con una ley que se prevé sea publicada hoy, y sujeta a observaciones después de su aprobación, en el DF sólo dos jueces enfrentarán una carga de trabajo de más de mil expedientes que la Dirección de Sanciones Penales regresó a los internos para que iniciaran nuevamente el trámite ante el Poder Judicial del DF.
Fernando Coronado, consultor Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), aseguró que con esta nueva figura no habrá cambios sustanciales ni mejoras en la ejecución de las penas, ya que sólo cambia la autoridad que resuelve las peticiones de la población penitenciaria.
Además, consideró que no ayudará a despresurizar las cárceles, lo que constituye una de las grandes problemáticas que enfrenta el DF.
“Está arrancando de muy mala manera, en realidad lo que están provocando es una distorsión tan grave, de nada va a servir la judicialización de la ejecución de la pena, que ése es el meollo de esa reforma.
“El riesgo es que sea una simulación que dé malos resultados y que no se va a someter a la ejecución de la pena a las reglas y a los principios que rigen el debido proceso legal, dentro de los cuales está la garantía de que los tribunales sean autónomos e imparciales”, señaló.
Al otorgar beneficios de libertad anticipada, criticó, los jueces de ejecución de sentencias se basarán en estudios de personalidad que ya son obsoletos y que aún realizará el Sistema Penitenciario, lo que contraviene la autonomía del Poder Judicial del DF.
“El juez (de ejecución de sentencias) va a ser un juez de papel, un juez de adorno, porque no va a poder hacer una libre apreciación de la prueba, porque va a tener que vincularse a la fuerza a lo que le diga la autoridad penitenciaria”, indicó.
Diputados locales coincidieron en que a pesar de que hubo un plazo de 3 años para trabajar en la implementación de estos jueces, fue hasta hace aproximadamente 2 meses y medio cuando el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) lanzó la primera convocatoria, y de 200 aspirantes, sólo 3 aprobaron el examen para cubrir 29 plazas.
En medio de críticas se emitieron otras 4 convocatorias, de las que resultaron seleccionados 13 jueces más, aunque el próximo lunes sólo dos empezarán sus funciones, ante la falta de recursos.
Rafael Mateos, investigador de la Escuela Libre de Derecho, señaló que dos jueces de ejecución resultarán insuficientes para estudiar las sentencias.
En abril, especialistas como el investigador del ITAM, Miguel Sarre, advirtieron sobre los riesgos de aprobar con urgencia una ley en la materia, sólo para cumplir con el plazo de habilitar la nueva figura judicial.
