Me quieren meter a la cárcel: Romero Razo
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Enrique Romero Razo envió a este reportero una amplia pero reveladora carta para explicar su situación legal y política, en la que afirma que recientemente recibió nuevas amenazas en su contra y una de ellas es que lo quieren meter a la cárcel.
En la misiva también reconoce que sí tramitó el amparo que ayer le comentaba, pero con carácter de “buscador” y no porque tenga propiamente una orden de aprehensión.
El texto contiene aseveraciones muy delicadas que evidencian, lo que también ayer le comentaba, que la venganza desde el Tribunal Superior de Justicia sigue en su contra.
Otra que sus allegados han sido hostigados en el TSJ y algunos han renunciado.
Aquí el texto íntegro:
“Presente:
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 21 fracción I y 27 de la Ley de Imprenta, por este conducto le solicito publique de forma inmediata e íntegra la presente carta aclaratoria respecto de la nota difundida en el portal digital que Usted preside el día martes 20 de junio del año en curso y que suscribe el reportero Carlos Gómez y que textualmente refiere: “
A este respecto, indispensable resulta efectuar las siguientes aclaraciones:
PRIMERA.- A partir de la presentación en el mes de septiembre del año próximo pasado, de una propuesta de reforma integral al Sistema de Administración de Justicia en Puebla, la cual fue dirigida al señor Diputado Pablo Fernández Del Campo Espinosa en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII legislatura del Honorable Congreso del Estado, quien esto escribe ha sido objeto de una persecución denodada por parte de quienes siguen ejerciendo el poder en el máximo órgano encargado de administrar justicia en nuestra entidad.
Misma persecución cuyo punto más alto se alcanzó el día 16 de diciembre de dos mil diez, en el que por acuerdo de veintidós magistrados integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia fui destituido de manera absurda e ilegal de mi cargo de Juez de Primera Instancia pretextando como motivo de ello lo resuelto en una añeja queja administrativa que estuvo debidamente archivada por más de ocho meses y cuyo proyecto de sanción original era de tan sólo treinta días de multa, empero, bajo argumentos carentes de todo sustento jurídico se me sancionó con la destitución incluso atreviéndose los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal a utilizar como antecedente para justificar su decisión de separarme de mi cargo una sanción de diez días de multa que ya había sido declarada insubsistente por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, lo que implica, a mi parecer, una violación a una ejecutoria de amparo.
Por ello, me vi en la imperiosa necesidad de promover un juicio de amparo el cual se radicó ante el Juzgado Séptimo de Distrito bajo el expediente número 1822/2010, el cual se resolvió a mi favor concediéndoseme el AMPARO Y PROTECCION DELA JUSTICIA DE LA UNION, misma que sentencia de concesión de amparo que fue recurrida mediante el correspondiente recurso de revisión tanto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado así como por el infrascrito y que a la fecha se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la resolución de ambos recursos de revisión interpuestos.
SEGUNDA.- A partir de la interposición del mencionado juicio de amparo la persecución en mi contra ha ido en aumento ya que aún destituido se me han iniciado nuevos procedimientos administrativos por personas que señalan domicilios falsos o por actos que ni siquiera fueron de mi competencia como Juez y que curiosamente cuando llegan a la etapa procesal en la que deben ser turnadas para su resolución los supuestos quejosos se desisten de sus quejas sin motivo legal alguno. Situación que a mi juicio evidencia una clara actitud de amedrentamiento para hacerme desistir de mi demanda de amparo.
TERCERA.- Desafortunadamente la persecución antes descrita ha ido mucho más allá ya que personas unidas a mí por afecto y que seguían laborando en el Poder Judicial del Estado, han sido perseguidas y amenazadas inclusive degradadas de sus cargos sin razón alguna y muchas de ellas han tenido la necesidad de renunciar a su empleo al haber sido cambiadas de adscripción a Distritos Judiciales de la Sierra Norte del Estado y aun cuando esos cambios ordenados por el Pleno del Tribunal eran notoriamente ilegales y susceptibles de ser combatidos mediante sendos juicios de amparo, las personas afectadas por ellos ya no quisieron intentar ninguna acción legal por el miedo fundado de que les pasara algo malo a ellos o a sus familias.
CUARTA.- En días pasados he recibido por conducto de un ex compañero Juez -por cierto también egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y que despacha en los terrenos que gobernaba el rey Xelhua- nuevas amenazas ahora de que me van a meter a la cárcel por mi crítica al Poder Judicial del Estado y por ello he promovido diversos juicios de amparo entre los cuales se encuentra el relatado por el reportero Carlos Gómez haciendo la aclaración que dichos amparos son de los llamados “buscadores” y en ese asunto en particular que fuere radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito con fecha trece de este mes se negó la suspensión definitiva por no existir el acto reclamado, es decir, por no existir ninguna orden de aprehensión en mi contra por lo menos hasta esa fecha.
Debo reiterar por este medio que no he cometido delito alguno y que cualquier acción penal que intenten en mi contra es una vulgar vendetta por evidenciar en manos de quién está la justicia en Puebla y asimismo reitero mi disposición de combatir legalmente cualquier acción en mi contra hallándome dispuesto a acudir a instancias nacionales e incluso internacionales para evitar que mi buen nombre sea objeto de desprestigio.
En tal virtud y esperando que en lo sucesivo lo publicado en el medio de comunicación que usted dirige sea apegado a la realidad a fin de evitar repercusiones legales de mayor envergadura, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
A T E N T A M E N T E
Heroica Puebla de Zaragoza; Junio 20 de 2011
LIC. ENRIQUE ROMERO RAZO”
Servido.
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Refugio Rivas Corona es el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOB) por mandato federal y lo será sin que nadie lo pueda impedir hasta el 13 de julio.
Vamos hacer un recuento cronológico y legal que es necesario para entender este embrollo.
El pasado 15 de junio el Juzgado Sexto de Distrito emitió el siguiente fallo en el juicio de amparo emprendido por Refugio Rivas: “Se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que continué en funciones el Comité Ejecutivo vigente del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla”, hasta que se defina la suspensión definitiva.
Este lunes se realizó una nueva audiencia en la que se dio trámite y se admitió el recurso de queja interpuesto por Alberto Garmendia Salmán, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por la suspensión otorgada a Refugio Rivas el 15 de junio y se envió a un Tribunal Colegiado.
Pero eso no implica que haya quedado sin efecto la protección temporal que le otorgó la justicia federal.
Y la fecha clave para este pleito está marcada para el 13 de julio, ya que ese día se realizará la audiencia constitucional y ahí se determinará si se concede la suspensión definitiva a Refugio Rivas para seguir al frente del SUTCOB o se desecha su amparo.
Por eso digo que Refugio Rivas tiene asegurada la dirigencia sindical hasta el 13 de julio.
Antes, nadie lo puede desconocer.
O al menos que Juan Manuel del Río, director del sistema del Colegio de Bachilleres, y Horacio Alberto Garmendia Salmán, pretendan caer en desacato de un mandato judicial con todas las consecuencias que implicaría.
¿Se atreverán?
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